Empieza a ser algo más que obsceno el papel del gobierno español ante las noticias que se van conociendo de la corrupción de Juan Carlos I. El envoltorio de los partidos del régimen, con la más que sorprendente complicidad de Podemos, está dejando una foto preocupante para la democracia española. Las noticias ya no son rumores interesados sino que son declaraciones del gestor de su cuenta suiza en la banca Maribaud. No son afirmaciones recientes sino que fueron hechas ante el fiscal suizo en 2018 y casualmente están siendo conocidas en plena pandemia por el coronavirus y con el estado de alarma de obligado confinamiento, que ahora se empieza a desescalar, plenamente vigente. No habrá ruido de los partidos, no habrá manifestaciones, no habrá una mirada acusatoria, no habrá una repulsa de los medios de comunicación a la altura de la gravedad de los hechos. Sí habrá, en cambio, un nuevo intento de tapar todo lo que se va sabiendo y que afecta gravemente a la monarquía española.
¿Como no puede escandalizar lo declarado por el banquero del rey emérito? ¿Como se puede mirar hacia otro lado cuando ha declarado el fiscal suizo que en una ocasión, en 2010, siendo jefe del estado, le entregó en su despacho 1,7 millones de euros en efectivo que, según le dijo, le había dado el rey de Baréin? ¿Es acaso creíble que fuera una donación como le dijo el monarca o era, como todo apunta, una más de las suculentas comisiones? También llama la atención el sistema empleado y la seguridad con la que se movía entre los piases del Golfo y Suiza. ¿Como puede impactar en la sociedad española que se conozca ahora que Juan Carlos I se movía a su anchas por el mundo con maletas en efectivo de varios millones de euros que acababan depositados en una cuenta en Suiza?
En dos ocasiones el Congreso de los Diputados ha rechazado la creación de una comisión de investigación. Es probable que se vuelva a pedir y que vuelva a ser rechazada por intereses de estado. Estamos hablando de una cuenta que recibió entre otras donaciones una de Arabia Saudí de 65 millones de euros y que estaba a nombre de la fundación panameña Lucum de la que Juan Carlos I era el primer beneficiario y el rey Felipe VI el segundo. El actual monarca ha tratado de distanciarse de la situación de su padre e incluso emitió en marzo un duro comunicado con Juan Carlos I afirmando que renunciaba a la herencia. El cortafuegos fue insuficiente ya que durante mucho tiempo no hizo nada y tan solo reaccionó cuando el escándalo ya estaba circulando por los medios de comunicación.
La sociedad offshore de Juan Carlos I es, en estos momentos, una importante fuente de problemas para la monarquía española y para la imagen de España en el extranjero. No es la mejor carta de presentación cuando vas a pedir dinero a Europa que la corrupción haya llegado a la misma familia real española.
Este hecho no ha abierto ningún informativo de televisión en España y en la prensa de papel de este sábado tendrá seguramente entre poca y ninguna presencia.