Es difícil de entender que un gobierno de coalición tenga que tener más ministros que uno monocolor y aunque son tiempos de predicada austeridad, Pedro Sánchez dará a conocer este domingo su nuevo ejecutivo con hasta 22 ministerios, incluidas las cuatro vicepresidencias. Son cinco más de las que tenía Sánchez en la legislatura de la moción de censura y nueve más que Mariano Rajoy. Un nombre más y el banco azul del Congreso de los Diputados hubiera empezado a tener algún problema para acoger al recién alumbrado gobierno de coalición.
Del nuevo ejecutivo español destacan las cuatro vicepresidencias cuando lo máximo que había habido eran tres con Jose Luis Rodríguez Zapatero. La manera como creó Pedro Sánchez la cuarta vicepresidencia, la de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para Teresa Rivera, fue toda una sorpresa para su socio Pablo Iglesias. La cuestión puede parecer menor pero no lo es: ¿Es normal provocar un desencuentro así antes de empezar a trabajar solo para diluir el protagonismo de Iglesias? ¿O es más bien un acto de deslealtad a lo acordado y firmado?
El hecho de que el último ministerio que haya sido dado a conocer, en la medida estrategia de Sánchez de ir dosificando los anuncios para mantener la intriga y alimentar las quinielas, sea el de Justicia en la persona de Juan Carlos Campos es, ciertamente, una circunstancia que acaba siendo un ejemplo real de la situación actual. La justicia es la patata caliente de este nuevo gobierno y, en algunos aspectos, la columna vertebral en la que deberán recaer el verdadero cambio de rumbo en las relaciones entre Catalunya y España. La desjudicialización de la política es la piedra angular para rebajar el conflicto y aquí la fiscalía y los tribunales tienen mucho a decir.
Y es normal que Miquel Iceta mire de ganar tiempo en el desarrollo de los posibles acuerdos que se puedan alcanzar en la denominada mesa de diálogo, que, papeles en mano, tendría que tener su primera reunión antes del lunes 27 de enero, tal como se firmó que sería "en el plazo de quince días desde la formación del gobierno de España", y que "establecerá los plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones". Pero es necesario adelantar que ni en este asunto, ni en ningún otro, el gobierno tendrá los cien días de gracia que se les solía dar antes a los ejecutivos. Ahora, el tiempo apremia ya que son muchas las carpetas a resolver.