Pasados unos cuantos días del infame acuerdo entre el gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) —el PSOE lo impulsó y Podemos con su abstención lo facilitó—  por el cual el remanente de superávit económico de los ayuntamientos pasaba a estar disponible para el Estado en forma de crédito a devolver en diez años, a partir de 2022, la revuelta de algunos ayuntamientos, muchos de ellos catalanes, está empezando a tomar cuerpo. Además, el president Torra ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad y ha invitado a los alcaldes catalanes a iniciar acciones legales para impedir el uso por parte del Estado de sus recursos económicos.

El acuerdo entre el gobierno y la FEMP viene a cerrar el círculo de una ley del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impedía a los ayuntamientos gastar los remanentes que pudiera haber de ejercicios anteriores. Ahora, se da un paso más y se procede a una incautación cuando lo normal es que sean los propios ayuntamientos los que usen el remanente económico que haya y lo gestionen como consideren oportuno ya que es un dinero la gran mayoría de las veces proveniente de sus conciudadanos vía impuestos.

Si es tan meridianamente claro el ataque a la autonomía municipal, ¿a qué se debe el intento de saqueo de sus arcas? Solo hay una explicación: la necesidad urgente de encontrar nuevas bolsas de dinero que permitan al gobierno español tener liquidez en un momento especialmente convulso. Agotado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también llamado la caja de las pensiones, que llegó a contar con 66.815 millones en 2011 con Mariano Rajoy recién llegado a la presidencia del gobierno, esta cantidad no hizo más que bajar y bajar con diversas retiradas de capital durante el mandato de los populares hasta quedar en cifras de 2019 en 1.543 millones.

El siguiente paso no va a ser otro que la temida subida de impuestos en la que el gobierno español lleva tiempo trabajando discretamente y que va a converger con la que va a ser, seguramente, la punta más alta de la crisis económica. Un país en fallida con un cuadro de sus constantes vitales más que preocupante: crisis en la jefatura del Estado, con el rey emérito saltando de país en país una vez se ha exiliado de España; crisis territorial, con Catalunya defendiendo abiertamente un referéndum de independencia para abandonar el Estado; crisis económica, con el mayor desplome del PIB de la Unión Europea; y crisis judicial y de libertades, con las sentencias de su Tribunal Supremo, enmendadas, contestadas o paralizadas en los diferentes tribunales europeos y que vienen dando desde 2017 la razón a los independentistas catalanes exiliados que han tenido vistas en países tan diferentes como Bélgica, Alemania, Reino Unido o Suiza.