Se cumplen 10 años de la sentencia del Estatut dictada por el Tribunal Constitucional y que fue, sin discusión alguna, el detonante del auge independentista que se ha producido en Catalunya. En muy pocas ocasiones, una sentencia acaba teniendo un impacto político tan decisivo en el devenir de un pueblo como sucedió en el caso del Estatut, y ello fue consecuencia de tres factores: la humillación que supuso que los miembros del TC se pasaran por el forro el resultado del referéndum que se había celebrado cuatro años antes, en 2006; la evolución de la sociedad catalana, cansada de cómo se estaba produciendo desde el año 2000 una recentralización de competencias que dejaba en nada la autonomía catalana; y, en tercer lugar, las ansias de buscar un nuevo traje competencial, que empezó siendo económico y rápidamente se vio que ello sería imposible sin un salto de la autonomía a la independencia.

El Estatut fue machacado en el Congreso de los Diputados por PP y PSOE con un protagonismo grande de Alfonso Guerra, en la calle por Mariano Rajoy y sus chicos con las mesas petitorias por toda la geografía española y en el Constitucional por un grupo de juristas que quisieron jugar a políticos y a salvar España. El efecto conseguido fue el contrario y muchos de los que veían en Madrid en el nuevo Estatut un peligro, se arrepienten hoy, en público y mucho más en privado, de no haber tomado aquel tren que ha recorrido muchas más estaciones de las que se podía imaginar.

¿Cómo es posible que no se atendiera aquel clamor tan evidente y tan amplio que en aquellos momentos abarcaba prácticamente todo el arco parlamentario excepto el PP? En parte por la prepotencia y la altivez. Esa idea muy instalada en los principales cenáculos del poder en Madrid que los catalanes hablan mucho, pero a la hora de la verdad siempre aflojan.

Además iban lanzados a cortar las alas al catalanismo. Ya se había entrado descaradamente en una fase en que el deep state había decidido que había que cerrar como fuera el mapa autonómico y pasar a una mera descentralización administrativa. La visión más centralista del estado había tumbado a las tibias aventuras federalizantes que impulsaba Zapatero. Jueces, fiscales y abogados del estado, el gran entramado judicial, empezaban a ganar la partida a los políticos que gobernaban y se aceptaba que los primeros tuvieran un poder desorbitado.

Todo eso se vería más claro con los años, pero la sentencia del Estatut fue como un ensayo. La primera prueba de lo que quería hacer el Estado con Catalunya.

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