El comportamiento errático de Pedro Sánchez con el Govern de Catalunya, de manera muy especial con su presidente, y la nula disposición a alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana en el pasado debate sobre la prórroga del estado de alarma, a diferencia de lo que sí hizo con Ciudadanos y con el PNV, puede ser el preludio de una de estas dos cosas: corregir la mayoría parlamentaria de la sesión de investidura que le llevó a su reelección como presidente o un aviso a los republicanos para que calibren de manera diferente los pulsos que le hacen al PSOE. Lo sabremos con el tiempo, más allá del ruido interesado de los medios de comunicación oficiales de turno, como El País este domingo, que ya claman por una mayoría parlamentaria alternativa.
Sánchez enseña las uñas, que es lo que sabe hacer mejor. Al tiempo, corteja a Arrimadas, que ha tenido la habilidad de colarse en la pista de baile cuando nadie la había invitado. No puede estar cómodo Podemos en esta situación y más pronto que tarde lo hará saber. Esquerra, mientras tanto, aguanta el envite, espera a ver movimientos y conocer si hay una nueva cartografía política por parte de la Moncloa. Como habrá quinta prórroga de estado de alarma en diez días, veremos si hay un retorno a la situación anterior y si el autoproclamado gobierno de izquierdas es algo más que un señuelo. Otro termómetro será la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, que fue clave en la investidura de Sánchez en enero, se constituyó el 20 de febrero, y cuya segunda reunión se aplazó el 13 de marzo "hasta que la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus esté en otra fase". Se puede afirmar que este momento ha llegado.
La crisis económica en la que ya estamos inmersos no puede desplazar sine die la solución al conflicto entre Catalunya y España. El gobierno catalán tiene que exigir la reanudación de la cumbre entre los dos ejecutivos ya que será la única manera de poner de manifiesto cuál es la actitud del gobierno español. Mucho más ahora que, a diferencia del pasado mes de marzo, no se observa una urgencia del Tribunal Supremo para inhabilitar al president Quim Torra.
Dicho con la máxima cautela, da la impresión de que el titular de la Generalitat ha pasado a ser considerado una pieza política de caza menor para un deep state mucho más pendiente de balancear al presidente Sánchez y a su gobierno en el siempre proceloso mundo de la judicatura. Eso en un momento en que al menos media docena de colectivos profesionales y diferentes partidos de la derecha van a iniciar toda una batería de denuncias del ejecutivo ante el Tribunal Supremo, no es un tema menor.