La noticia de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido la denuncia del president Carles Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos en España es relevante. Supone la aceptación del estudio del dossier en que el president exponía a Naciones Unidas que diversos de sus derechos han sido conculcados, entre ellos el de ser reelegido president de la Generalitat. Un derecho que la justicia española le ha impedido ejercer a través de argucias legales, puesto que no existe sentencia firme sobre los hipotéticos delitos de los que es acusado y, además, acaba de ser cerrada la fase de instrucción.
Las informaciones de la ONU coinciden en el tiempo con las declaraciones de la juez de instrucción que interrogó el lunes a Puigdemont en el juzgado de Neumünster en las que ha señalado que, en su opinión, la extradición puede ser considerada improcedente o inadmisible y, por tanto, podría ser denegada. No será ella quien tendrá que pronunciarse sino el Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein, un equivalente al TSJC. Aunque no hay un criterio coincidente entre los expertos en derecho penal alemán, la gran mayoría se inclina por una serie de recursos que alargarán la situación y la privación de libertad del president.
El plato de la ONU, aunque será lento, es de difícil digestión para las autoridades españolas. Solo hace falta una mirada a los medios de comunicación internacionales para evaluar la dimensión del daño que se está produciendo sobre la marca España, aunque de eso parece que sus autoridades hacen caso omiso.
Una circunstancia que tendrá sus consecuencias en el desarrollo inmediato de la política catalana y en la investidura de un president de la Generalitat por parte del Parlament. Sobre todo, en un momento en que se cruzan sobre Carles Puigdemont dos noticias de índole diferente: la prisión en que se encuentra desde el domingo a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Schleswig-Holstein después de ser detenido por policías alemanes y, por otro lado, los vaivenes del juez Pablo Llarena respecto a la suspensión e inhabilitación de sus derechos a ser elegido definitivamente y enlazando con la sentencia que se produzca en el juicio.
La defensa de los derechos del president Puigdemont, en su condición de presidente legítimo de Catalunya, debe ser la pirámide en la que se asienten todos los movimientos de los políticos independentistas. Sobre todo, si se quiere mantener el mandato de los ciudadanos el 21-D.