Ha llamado poderosamente la atención que una encuesta hecha pública por el Catalonia Global Institute haya cifrado en más de un 70% el porcentaje de independentistas catalanes que estarían dispuestos a participar en acciones de desobediencia civil pacíficas para conseguir la independencia de Catalunya. En realidad, el porcentaje exacto es del 71,3% y la empresa que ha elaborado la encuesta es GESOP, la casa demoscópica con la que acostumbra a trabajar en encuestas políticas El Periódico, lo que la hace poco sospechosa de tener un sesgo independentista en sus conclusiones. Junto a este primer titular hay otros tres que vale la pena destacar: es superior al 60% en todas las zonas de Catalunya, incluida el área metropolitana; superior al 69% en todas las franjas de edad, acercándose al 77% en la comprendida entre los 16 y los 29 años; y el hecho de que haya casi 26 puntos de diferencia entre el 86% de los votantes de la CUP que expresan su voluntad de participar en un movimiento de estas características y el 60,8% de ERC, en medio el 72,9% de Junts.

Dada la distribución entre independentistas y no independentistas en Catalunya, que suele considerarse en este tipo de análisis de prácticamente dos mitades iguales, estaríamos hablando de que el apoyo del 71,3% de partidarios de la independencia se traduciría en que aproximadamente un tercio de la sociedad catalana está dispuesta a participar en acciones de desobediencia civil pacífica, lo que acaba siendo una cifra de posibles voluntarios para protestas de esta naturaleza muy elevada. El hecho de que sea la primera encuesta de esta naturaleza que se realiza no permite evaluar la situación respecto a otros momentos recientes para conocer si la tan cacareada frase de desmovilización del independentismo catalán es una realidad o es más una impresión existente y sin una base real.

En cualquier caso, lo que sí se puede concluir es que el actual estado de cosas y la desmovilización existente es sobre todo una necesidad de las direcciones políticas de los partidos que, en un marco de represión continuada por parte del Estado, han cogido este camino ante la falta de una alternativa consistente, acordada y mayoritaria. La desobediencia civil puede ser una opción y, de hecho, ya hubo quienes pensaron en una vía similar durante los hechos de octubre de 2017, aunque fue descartada ya que existía el temor a que el seguimiento de amplios sectores de la sociedad catalana fuera muy desigual y desluciera la respuesta si se tenía que alargar en el tiempo. De hecho, Tsunami Democràtic avanzó alguna acción, como la del aeropuerto de El Prat, pero en seguida se replegó, causando un gran desconcierto y un daño enorme a la respuesta ciudadana que se estaba produciendo.

Nada es igual que en 2017, empezando por la situación de los partidos que predican una cosa y hacen otra y se muestran impotentes a la hora de cumplir aquello a lo que se han comprometido. El fiasco del exdiputado del Parlament Pau Juvillà ha sido el último intento fallido de dar respuesta a la represión y a una sentencia judicial por parte de Esquerra, Junts y la CUP, y lo único que ha sobrevivido es la disputa entre los partidos para revertir el caso del exparlamentario cupaire. Peleadas como están las tres formaciones a día de hoy, dudo que haya un camino que quieran acordar ya que si a algo se han acostumbrado es sobre todo a la discusión permanente, aunque ello no lleve a ningún sitio.