Cuando a partir de principios de la próxima semana la presidenta del Parlament, Laura Borràs, inicie la ronda de consultas para proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, en una primera sesión de investidura que se tiene que celebrar antes del viernes 26, es más que probable que constate que no hay ninguno que pueda salir escogido. El complicado mapa de los comicios del pasado febrero necesita más tiempo para madurar del que desde fuera parece razonable y aún no ha conseguido salir del horno el acuerdo sobre cuál va a ser la hoja de ruta de los partidos independentistas en esta legislatura con tres grandes escollos: cómo se coordina todo lo que se va a hacer en los próximos cuatro años, la incorporación o no de un calendario para un nuevo referéndum y el papel del Consell de la República.
El candidato independentista fruto de los resultados del pasado 14 de febrero, Pere Aragonès, no ha cerrado un acuerdo con Junts y la CUP que le asegure los 68 votos en primera votación o la abstención de los anticapitalistas en la segunda votación, en la que solo se precisa mayoría simple. El candidato unionista, Salvador Illa, no puede alcanzar ningún acuerdo que le permita salir escogido ni en primera, ni en segunda votación, ya que tendrá siempre 74 votos en contra —ERC, Junts y CUP— y solo podría llegar a 61 si sumara, aparte de los comunes, a Cs, PP y Vox. Pero ni con todos ellos tendría el camino despejado.
En manos de la presidenta quedará la decisión de si proponer a Illa —que nunca sumará—, a Aragonés —que ahora aún no suma— o coger un atajo legal, ya empleado con anterioridad cuando no se alcanzó un consenso para sustituir al inhabilitado Quim Torra y se recurrió a un acto equivalente —un pleno sin candidato— que active el reloj de dos meses antes de que se produzca la disolución automática y la convocatoria de nuevas elecciones. Habida cuenta de que la última fórmula responde a una situación excepcional, como es la inhabilitación de un presidente por el Tribunal Supremo, la lógica llevaría a pensar que recurrir a esta excepcionalidad no debería convertirse en el guión habitual y que sería mejor un candidato o candidata a la investidura.
Aunque la política catalana nos ha dado numerosas muestras de cambios de rasantes imprevistos, todo apunta a que nos hemos de ir preparando para un calendario mucho más lento al imaginado el 14 de febrero. Y, en consecuencia, descartar una investidura efectiva de un president esta semana y dar paso al nuevo plazo de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones. Estamos hablando entonces de negociaciones mucho más largas, hasta casi finales de mayo. No sé si se agotará este plazo, pero sí que todo apunta a que hay que tener encima de la mesa este calendario, a menos de que en la prisión de Lledoners Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez (Junts) no den el acelerón que las negociaciones hoy necesitan.