Sea casual o no, la coincidencia en el tiempo de la denominada Operación Volhov, que es fundamentalmente una maniobra de espionaje político contra el independentismo catalán, y la aparición de nuevas informaciones sobre los trapicheos del rey emérito, sobre el que ya pesan tres causas en la justicia española, nos permite ver de una manera meridiana las dos varas de medir. En el primer caso, el ensañamiento contra diferentes personas tan solo por su ideología y de las que se divulgan alegremente conversaciones privadas que, si no son delito, deberían haber sido protegidas judicialmente. Y, en el segundo, una nebulosa informativa que tiende a rebajar cualquier noticia, la máxima prudencia en todos los pasos que la justicia da y la colosal protección gubernamental de un ex jefe del Estado que se ha dado a la fuga.

En el primer caso se usan recursos públicos para ir contra personas y, en el segundo, los recursos se usan para proteger al rey huído. No hace falta que Moncloa active una estructura para combatir las fake news bajo la supervisión del plenipotenciario jefe de gabinete Iván Redondo. Simplemente, que el periodismo haga su trabajo, que en ningún caso es hacer el trabajo sucio de aquellos que han decidido que el sistema para acabar con una ideología es la persecución indiscriminada de personas para salvar la unidad de España o minimizar la corrupción que se va conociendo de la familia real para no poner en riesgo el modelo de estado. Estas semanas hemos visto como se violentaban derechos individuales, empezando por la privacidad en las conversaciones, en un intento de instalar de nuevo el relato del lodazal, una estrategia que no es nueva pero que acaba reportando beneficios a quienes lo practican.

Pero la verdadera calidad de la democracia es aquella que no se achanta ante los poderosos. Estas últimas horas se ha destacado ampliamente como en una de las últimas intervenciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diferentes cadenas de televisión desde la NBC, CNBC,CBS, ABC y algunas más cortaran súbitamente su rueda de prensa para señalar que lo que decía era mentira. Fue un momento histórico ya que nunca antes le había sucedido a un inquilino de la Casa Blanca. Eso es preservar la calidad de la democracia además de ofrecer una información veraz a los espectadores, en este caso. Estamos muy lejos de este momento cuando, en España, lo que se lleva de una manera cada vez más corriente son las ruedas de prensa sin preguntas, se vetan las repreguntas y todo se acaba convirtiendo en un monólogo o no se permite preguntar a medios que se consideran hostiles.

Por ello es tan llamativo el silencio respecto al rey emérito y la protección que recibe. La última noticia, conocida este viernes, y que ha avanzado nada menos que la fiscal general del Estado, respecto a una tercera investigación por parte del Tribunal Supremo referente, supuestamente, a una fortuna localizada en la isla de Jersey, debería ser la gota que colmara el vaso ya que se suma a las otras dos de comisiones procedentes del Ave a la Meca y la de las tarjetas de crédito opacas que utilizaban diferentes miembros de la familia real con cargo a cuentas de las que ninguno de ellos era titular.

Más pronto que tarde habrá que pedir a Felipe VI que dé alguna explicación pública de todo ello, al Gobierno que se aleje de la connivencia que mantiene con el emérito y al Congreso que acepte la tantas veces rechazada comisión de investigación parlamentaria. Ese es el estándar mínimo de una democracia de calidad.