Por extraño (o no) que pueda parecer, el proceso independentista, lejos de propiciar una etapa de seducción del Gobierno español hacia Catalunya para revertir la situación, como demandan los defensores de la fracasada tercera vía, ha desembocado en lo contrario. Aquella anunciada lluvia de millones para corregir déficits crónicos de infraestructuras -había que ser ingenuo para creerlo- no ha acabado con la sequía de los últimos años ni por asomo y las esperadas lluvias se han desplazado hacia el País Vasco y las Islas Canarias. Mariano Rajoy necesitaba 176 diputados que apoyaran los presupuestos de su gobierno y los ha tenido. Ni le ha sobrado ninguno ni le ha faltado ninguno. Y quizás con ello hay quien incluso podrá llegar a pensar que medio podrá ocultar el tormentoso caso del fiscal jefe Anticorrupción y su empresa en el paraíso fiscal de Panamá. Aunque la política no es una ciencia exacta y con este Gobierno aún menos, lo extraño es que Manuel Moix no haya dimitido, haya sido cesado, o las dos cosas a la vez. Y que el titular de Justicia, Rafael Catalá, primer ministro de la democracia española reprobado por el Congreso, mire hacia otro lado a lo mejor tampoco tendría que extrañarnos tanto.

Pero volvamos a los presupuestos. Como en las películas o en las noches electorales, en el bando del sí no todo el mundo ha ganado. Gana el Gobierno que ha hecho un uso demoledor del talonario y ha comprado en algún caso a un precio desorbitado apoyos políticos. Pero como en la lonja, no hay un precio objetivo: es la ley de la oferta y la demanda. Y aquí oferta había poca y la demanda era mucha. Políticamente hablando nadie ha tenido que tragarse un sapo tan grande como Albert Rivera, de Ciudadanos. ¡Uf!, el partido bisagra de la política española. Contrario a los privilegios de los partidos nacionalistas -¿o era solo de los catalanes?- ha asistido a una subasta de Cristóbal Montoro con el PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Nueva Canarias y Foro Asturias. Con todos ellos, ha comprometido casi 3.000 millones en sus respectivos territorios, con la mayor tajada para Euskadi, que este año ascenderá, entre una cosas y otra, a casi 1.900 millones más.

Como las cifras en sí siempre son muy altas, vale la pena ponerlas en contexto. Por ejemplo, la obra pública ejecutada en Catalunya por el Estado en el año 2016 ha sido de 353,245 millones de euros. Otro dato: para revertir el déficit de inversiones en Catalunya, Rajoy anunció hace unas semanas una cifra extraordinaria de 1.000 millones anuales. Era humo, cierto. Pero ni aún así se atrevió con las cantidades que ha tenido que poner encima de la mesa para compensar el apoyo de diez diputados, los que faltaban para completar los 166 que suman Partido Popular y Ciudadanos. Y, a cambio, el Gobierno puede respirar tranquilo. ¿O no, Pedro Sánchez?