Se ha quejado un concejal del Partido Popular en el distrito de Moratalaz en Madrid, en el cual es además presidente del partido, y que responde al nombre de José Antonio González de la Rosa, que cantar en catalán en la capital de España es una provocación. Y, lo que es más grave, su partido no le ha desmentido. A veces, una anécdota refleja mucho más que un aluvión de declaraciones políticas a favor o en contra de las relaciones entre Catalunya y España cuál es la cruda realidad: no se puede cantar en catalán en Madrid y la culpa de que se le haya permitido a un grupo valenciano es de la alcaldesa, Manuel Carmena. La explicación de Morales es antológica y argumenta, como idea fuerza, que, como todas la letras son en catalán, "¿cuántos entenderán lo que cantan estos señores?". Supongo que, por este mismo motivo, el ilustre regidor que tiene estudios en empresariales y que su fuerte es, al parecer, la creación de empresas, también impedirá que con cargo al erario público se prohíban todos los conciertos municipales de todos los grupos que no se dirijan al público en castellano.

Hace unas semanas, el cantautor de Xàtiva, Raimon, se quejaba amargamente de que no hubiera podido despedirse de sus seguidores en la capital de España, porque ningún promotor se lo había ofrecido, y recordaba el histórico concierto en la Universidad Complutense de Madrid celebrado en 1968, en plena dictadura, que dio pie a una de sus canciones más emblemáticas, y que 40 años después, en 2008, pudo repetir en el mismo recinto universitario. Pero desde 2008 hasta hoy ha llovido mucho. Mucho y en cantidades importantes. Tanto que Raimon no tiene quien le invite a despedirse en Madrid, Aznar ha dejado de hablar catalán en la intimidad y un concejal del PP se atreve impunemente a decir que el catalán es una lengua que divide. Una lengua separatista.

De la misma manera que se establece un discurso oficial en el que los que defienden el referéndum son unos golpistas, a los que reclaman 500 mossos d'esquadra más en aras a la seguridad de todos los ciudadanos catalanes se les deniega sin más y se trae a más de una docena de generales a Barcelona a una reunión del Consejo Superior del Ejército, organismo que no se convocaba en la capital catalana desde 2001. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria y los ministros José Ignacio Zoido (Interior) y Álvaro Nadal (Energía, Turismo y Agenda Digital) y las ministras María Dolores de Cospedal (Defensa) y Dolors Montserrat (Sanidad) realizan actos en Barcelona sin reunirse con sus homólogos catalanes.  Debe ser lo más normal, pero no deja de ser una manera especial de entender la política. Un servicio al partido antes que un servicio a los ciudadanos.