Un camelo es una simulación, un fingimiento y un engaño que intenta parecer verdadero. Eso último ha sido lo que ha sucedido con la retirada de la Abogacía del Estado, el pasado miércoles, del procedimiento que instruye el Tribunal de Cuentas contra diferentes altos cargos de la Generalitat y que pide una fianza de 5,4 millones de euros. Por más que desde la prensa de Madrid se escandalizaran de la retirada y se rasgaran las vestiduras - "Sánchez silencia al abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas", titulaba, por ejemplo, a cuatro columnas la portada del diario El Mundo este jueves- todo era una enorme bola de nieve y una gran patraña. La doctrina del propio tribunal establece que no puede hacerlo porque no está legitimada ya que se trata de fondos de una administración autonómica, no de fondos estatales. 

Lejos de retirarse, la abogada del Estado ha entrado por la puerta que más daño puede hacer al irrumpir en el procedimiento penal por este mismo caso en el juzgado número 18 de Barcelona y personándose como acusación particular y como parte en este caso. No ha ha habido un guiño de Moncloa, como se ha dejado entrever durante horas al hilo de la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès. No era un gesto de distensión, ni una prueba de que se va a rebajar la judicialización de la vida política catalana.

La cuarentena de altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y varios consellers de la época, están atrapados en una situación que no tiene ningún sentido, más allá de la persecución del Estado al independentismo catalán y que ahora utiliza un órgano tan desprestigiado y controlado por la derecha extrema como el Tribunal de Cuentas para arruinarles económicamente.

Desde la aprobación de los indultos, que si Sánchez hubiera tenido el coraje de decir que eran una imposición de Europa y no una cosa suya algún problema se hubiera ahorrado -a cambio, eso sí, su mayoría parlamentaria se tambalearía-, la estrategia de Moncloa ha consistido en levantar una alambrada entre esta decisión individual de gracia para los nueve presos y cualquier otra demanda del independentismo. Más contundente que nunca ha estado con la amnistía y con el referéndum, situando la pelota en el terreno de juego únicamente de una autonomía.

Por ello es más que natural la inquietud de los partidos independentistas que, de seguir las cosas así, no tardarán mucho en pensar que se les pueden hacer muy largos dos años de una mesa de diálogo sin negociación real que llevarse a la boca y con la judicialización marcando el día a día de la política catalana.