Las noticias del día dicen lo siguiente: "Los cuatro escogidos para el Tribunal Constitucional superan el examen del Congreso de los Diputados con polémica". Y así, tan tranquilamente, el letrado en las Cortes españolas, Enrique Arnaldo; la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiciencia Nacional, Concepción Espejel; la magistrada y pionera en el estudio y análisis de la perspectiva de género, Inmaculada Montalbán;  y el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel, todos ellos elegidos por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular, en un acuerdo cerrado hace un par de semanas, accederán al TC.

La perversión del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, un órgano imprescindible en cualquier democracia avanzada como intérprete de la Carta Magna, es de una enorme gravedad. Se eligen personas en función de su adscripción ideológica y, en algunos casos, es de difícil justificación que puedan llegar a formar parte del Alto Tribunal. Su pasado está repleto de situaciones que los invalidarían para ocupar el cargo, como es sobradamente manifiesto en el caso de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel y no, en cambio, en el de Ramón Sáez, pero ello es irrelevante ante el acuerdo de las direcciones de los dos partidos que llevan repartiéndose todos estos cargos desde que se inició la transición española.

Ningún diputado de los que forman parte de los examinadores y que están en el ajo del pacto se mueven más allá de formular alguna que otra pregunta incómoda. El acuerdo es el acuerdo y cada uno mira hacia su propia casa sin buscarle tres pies al gato y así se renueva una y otra vez el Tribunal Constitucional. Después nos sorprendemos de pronunciamientos que tienen o nos llama la atención toda la serie de irregularidades que han validado del Tribunal Supremo en relación a los presos políticos catalanes, muchas de las cuales ya están camino de Europa y que a buen seguro el Tribunal General de la Unió Europea tumbará.

Pero los miembros del TC, que se lo miran, muchos de ellos, no jugándose su prestigio sino su compromiso con el partido que los propuso, saben que cuando llegue el momento igual no estarán o tendrán que aguantar el chaparrón pero el envoltorio político-mediático español los protegerá y saldrán bien librados pese a lo que han acabado aprobando con su firma al pie de página. Esa es la verdad, lamentablemente, y lo más preocupante es que tampoco es seguro que una forma de elección diferente sirviera para que los miembros del TC ganaran en independencia o en objetividad.

Porque, al final, el problema no es, muchas veces, que sean de ideología conservadora o progresista sino la falta de independencia a la hora de pronunciarse. El círculo es difícil de romper entre el que nombra y el designado. De ahí al descrédito del Constitucional hay un paso. Pero los partidos, PSOE y PP, están enormemente felices: saben, o creen saber, que nunca les fallarán.