El abogado penalista madrileño Gonzalo Boye se encuentra, desde hace unas horas, en el ojo de huracán informativo porque la Audiencia Nacional ha ordenado el registro de su domicilio particular y su despacho. Desde hace dos años, no es Boye un abogado cualquiera para el estado español, ya que lleva la defensa, entre otros, del president en el exilio, Carles Puigdemont, y se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza, ya que sus victorias judiciales han sido importantes y tanto la justicia belga como la alemana han dejado en mantillas la posición de la Audiencia Nacional y del Supremo en el tema de las euroórdenes contra los exiliados. A ello se suma una actividad pública muy intensa y una presencia en los medios que molesta enormemente al deep state por su contundencia y sus acusaciones. No vale la pena especular mucho sobre los motivos de estos registros: cuesta no pensar que lo importante no son las razones judiciales que se den, sino intentar mirar de agrietar su credibilidad y cuestionar su actuación como abogado en un momento crucial de la carpeta belga del expresident.

El momento elegido, por tanto, tampoco es inocente: falta una semana y un día para que Carles Puigdemont tenga que comparecer ante la justicia belga en el primero de los trámites de la nueva euroorden cursada por Pablo Llarena en la que pedía su detención inmediata. El papel de Boye, como abogado personal de Puigdemont, no es menor estos días y todo lo que sea sacarle del carril de la defensa del president exiliado es bienvenido. Además, la semana pasada, el juez belga que lleva el caso ya descartó esta posibilidad y le dejó en libertad sin fianza, solo con la obligación de comunicar su domicilio, viajes y actividades. Muy poco para lo que el estado español espera. Se produjo, además de una primera victoria judicial, una situación delicada para la justicia y la policía española: desconoció durante muchas horas que se había personado en las dependencias judiciales de Bruselas una vez la euroorden, ya traducida a uno de los dos idiomas oficiales, el francés y el neerlandés, o también al inglés, había llegado a la capital comunitaria. Aquel mismo día, jueves, Pedro Sánchez estuvo en el Consejo de Europa a unos cientos de metros de Puigdemont y desconociendo todo lo que estaba pasando. Con el alba del viernes, la policía española lo supo, la justicia al poco rato y la Moncloa más tarde. Cuando la vida política del viernes estaba comenzando, se divulgó, y, a media mañana, Puigdemont ya estaba en la calle haciendo declaraciones.

Las casualidades, en la vida suceden; en la política, casi nunca. De la misma manera que había un cronograma en el Tribunal Supremo para juzgar a los presos políticos, hay otro cronograma de las diferentes fases de instalación del discurso de la violencia y el terrorismo en Catalunya y de responsabilizar al Govern catalán de todo ello. Se ha dado en denominar la plantilla vasca, ya que muchas de las acciones del Estado son idénticas, pero lo que sucede es que en Catalunya el movimiento independentista es de matriz pacífica, sus dirigentes políticos también lo son y los presos políticos juzgados y acusados, también. Como ya se pudo comprobar en octubre de hace dos años, la represión no tiene una única cara. Ahora, con el caso Boye, el salto es importante aunque solo sea por su condición de letrado. Ciertamente, pasó en el País Vasco con los abogados de ETA, pero es que el relato del Estado en Catalunya no aguanta el más mínimo cuestionamiento.

El frame de la represión, el orden y Franco para intentar remontar en unas elecciones en las que el PP cada vez está más cerca y Vox está muy lejos de hundirse. Un camino disparatado, del todo equivocado, y quién sabe si le acaba costando a Pedro Sánchez la victoria el 10-N. Porque en eso están pensando: en el día la victoria.