El independentismo ha obtenido con 70 diputados la mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya en las elecciones del pasado 21-D y, en consecuencia, debe ostentar la presidencia de la Cámara legislativa, la mayoría de la Mesa y, posteriormente, conformar el próximo Govern de Catalunya para los próximos cuatro años. Eso es lo que votaron los catalanes hace dos semanas y su voluntad debe ser respetada.
Aunque puede parecer una obviedad es bueno recordarlo, ya que las circunstancias políticas en Catalunya son excepcionales y el ruido mediático puede llevar a considerar normal aprovechar la circunstancia de que tres diputados están en prisión -—Junqueras, Sànchez y Forn— y otros cinco en Bruselas —Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig—. Si el día de la votación de la presidencia del Parlament fuera esta la situación de los ocho diputados antes citados, la actual mayoría de 70 escaños quedaría reducida a 62 frente a otra posible mayoría de 65 escaños que sumarían todos los partidos del 155 y los ocho diputados de los comunes.
En estas condiciones, Ciudadanos, socialistas y populares se han puesto a hacer números de qué sucedería si se mantuvieran en prisión los tres diputados y no pudieran ir a votar e, incluso, barajan la opción de atraerse a los comunes, quién sabe si a cambio de ofrecerles la presidencia o una vicepresidencia si con ello impiden una presidencia del Parlament independentista y una mayoría en la Mesa. Los comunes esquivan una respuesta directa y tan solo han dicho que no apoyarán una presidencia para Ciudadanos.
Más allá de todo lo que tiene de obsceno tratar de ganar con el 155 lo que los catalanes no han querido darles en las urnas, habría que pedir, al menos a los comunes, que desactivaran el movimiento de aquellas fuerzas políticas que a lomos de decisiones judiciales quieren quebrar el resultado del 21-D. El contorsionismo en política también tiene sus límites aunque los hooligans aplaudan y aplaudan movimientos cada vez más imposibles.