Primera premisa: en Catalunya los impuestos derivados del IRPF son demasiado altos. No es una novedad en un impuesto que es compartido al 50% con el Estado y donde la precariedad de las finanzas de la Generalitat no tiene nada que ver con la autonomía financiera del Ministerio de Economía. Fueron muy elevados con el tripartito de izquierdas, en momentos de bonanza económica, y lo siguieron siendo ya con crisis económica con CiU en 2010, cuando Artur Mas llegó a la Generalitat. Escandalosamente alta es la cuota del IRPF en los tramos más bajos de ingresos –por debajo de 17.000 euros anuales– pero también entre aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a 60.000 euros. Tan sólo aquellos contribuyentes con ingresos por encima de los 175.000 euros están en una banda impositiva acorde con la emergencia social y son susceptibles de aumentos muy temporales.

Valga la explicación anterior para acotar, en parte, el debate que se está teniendo en el seno –que no en el interior, donde nada de ello se ha debatido– del Govern, entre este y su teórico socio parlamentario, la CUP, y, a estas alturas, entre todos los grupos parlamentarios. El melón se ha abierto y, en un tema así, inevitablemente con grandes dosis de demagogia.

Es importante a la hora de imaginar nuevos escenarios fiscales para los catalanes no perder de vista el origen del debate: en Catalunya el IRPF es muy elevado, sobre todo para todos aquellos contribuyentes con menos ingresos.

Una vez dicho esto, el debate se ha montado sobre premisas aparentemente antagónicas: unos parecen querer bajar la cuota a las rentas más bajas –ERC y CUP– y otros no quieren subir el de las más altas, CDC. Y el debate no está ahí, ya que hay consenso entre los tres para bajar el de las más bajas, ni que sea de una manera testimonial –tan sólo se dejarían de recaudar 40 millones– como propone Economia y apoya desde el principio el president Puigdemont. La respuesta al acertijo planteado tiene que estar necesariamente en encontrar ingresos por algún otro lado y sortear el corsé del Tribunal Constitucional, que actúa con mano de hierro ante cualquier iniciativa para equilibrar las cuentas de la Generalitat. Esa es la verdadera asignatura pendiente.