La agresión sufrida por el president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, en el aeropuerto de Viena cuando regresaba a su residencia de Bruselas, tras una estancia de dos días en la capital austríaca, llevada a cabo por un individuo que le dió un golpe en el hombro, gritó "A la cárcel", y corriendo abandonó el lugar y se dio a la fuga, vuelve a plantear el enorme problema de seguridad que sufre. No es la primera vez que tiene un problema y, aunque hasta la fecha no ha habido ningún incidente grave, entre otras cosas por las precauciones que siempre adopta anunciando su asistencia a los actos públicos o sus desplazamientos con poca antelación, es exigible que se evite correr tanto riesgo.

La situación personal en la que se encuentra es de total indefensión ante estos hechos, ya que el Estado español ha hecho todo lo posible para evitar que tenga un mínimo servicio de seguridad, como por otro lado disponen todos los presidents que en un momento u otro ocuparon la máxima representación de Catalunya, y la Generalitat ha evitado entrar en colisión. A ello ha contribuido y mucho que el último conseller de Interior que le facilitó una mínima seguridad, Miquel Buch, se encuentra sometido a un juicio por malversación de fondos en que la fiscalía le pide la exagerada e insólita cifra de seis años de prisión y 27 de inhabilitación en cargo público, al entender que Puigdemont ya no es autoridad. En esta misma causa, al sargento Lluís Escolà el fiscal le pide cuatro años y medio de prisión y 23 de inhabilitación.

No es difícil entender que, con estos precedentes, la situación esté como está por dolorosa e injusta que sea. Pero lo cierto es que habrá que encontrar una solución, ya que ocupó la presidencia de la Generalitat y es esa institución la que debe velar por su seguridad, pues están bien claros cuáles son los derechos de los expresidents de acuerdo con la ley aprobada por el Parlament en 2003, y que fija su estatuto de acuerdo con su rango. Como se ha encontrado a lo largo de estos últimos años personas que sería discutible que hubieran de tener seguridad, ya que no ocupan un alto cargo, y se les ha facilitado porque así se ha decidido.

Al cumplirse el quinto aniversario de los hechos de 2017 se hace más evidente el impacto de aquel 155, que no solo suspendió la autonomía e incorporó la violencia y la represión como práctica política contra el independentismo, sino que pasó considerar normales situaciones como que el president Puigdemont debía asumir un grado de inseguridad y que debía vivir siempre en peligro sin poder hacer nada para evitar situaciones como la de Viena este viernes u otras más graves a las que está siempre expuesto. Porque Puigdemont sigue siendo el objetivo cuando no es ningún fugitivo, ya que ha estado a disposición de la justicia en todos los países: en el suyo de residencia, Bélgica, y en todos los que ha visitado.