La ejecutiva de Junts per Catalunya conocerá este lunes el resultado de las conversaciones mantenidas este fin de semana entre el president Pere Aragonès y Jordi Turull para abordar si es posible la reconducción de la crisis de Govern que llegó al límite el pasado miércoles con el cese del vicepresident Jordi Puigneró. El hermetismo mantenido por ambos permite pensar de manera ambivalente que no han alcanzado ningún acuerdo, o que prefieren mantener la discreción para intentar salvar el ejecutivo. Es, sin duda, la crisis más profunda que ha tenido el Govern desde su constitución en junio del 2021, unos meses después de las elecciones del 14 de febrero, y el acuerdo alcanzado, no sin dificultades importantes, preservaba el 52% de votos independentistas logrado en los comicios.

La ejecutiva de Junts que se reunirá este lunes por la mañana tendrá encima de la mesa dos asuntos: en primer lugar, conocer el estado de las negociaciones del fin de semana y si hay algún elemento que permita recoser el destrozo actual. Es importante saber también, si la dirección del partido fijará una posición oficial sobre la respuesta de Aragonès o simplemente tomará nota de los resultados que haya habido. En segundo lugar, la ejecutiva deberá confirmar la fecha de la consulta que, según anunciaron Turull y Laura Borràs la semana pasada, sería los próximos días 6 y 7, o sea, este jueves y viernes. 

Estamos, por tanto, ante una semana decisiva para el Govern y, en consecuencia, para la estabilidad de la política catalana. Es cierto que el Ejecutivo catalán ha tenido un grado de inestabilidad no pequeño, aunque nada excepcional en gobiernos de coalición donde los dos partidos están prácticamente a la par en cuanto a escaños en el Parlament y resultados electorales.

El verdadero pulso no ha sido, sin embargo, en el Govern, sino entre los partidos que lo conforman y, en consecuencia, el rifirrafe ha quedado extramuros del Ejecutivo. Ello ha provocado una desconfianza absoluta que explotó tras la excentricidad de Junts de pedir a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza. Aunque el acento se ha puesto en la pérdida de confianza por no haberlo comentado antes, lo importante, en mi opinión, es que es una proposición demasiado frívola. Me gustaría haber encontrado un precedente relevante en algún sitio, pero he de reconocer que no he sido capaz de encontrarlo.

Un último apunte: es posible que cada una de las dos partes en litigio de ERC y Junts crean que tienen ventaja para doblar a su rival. Olvidan, sin embargo, que el objetivo político que ha sido el motor de las manifestaciones multitudinarias a partir de 2012, la consulta de 2014 y el referéndum de 2017 se ha hecho en un marco de unidad. ¿Alguien se piensa que cualquier avance sería más fácil separados?