Hay que aceptar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón empieza a ser un pozo sin fondo de movimientos judiciales para tratar, desde su despacho, de torpedear como pueda la ley de amnistía. Siempre tiene uno nuevo para tratar de no quedar atrapado por los legisladores, y lo que estamos viendo estos días con el caso Tsunami es un buen ejemplo. Su último doble movimiento de manifestar que empezó a investigar a Carles Puigdemont en plena negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y seis días después de que se hiciera pública la reunión en Ginebra entre el socialista Santos Cerdán y el president en el exilio, y la aceptación como acusación de dos agentes heridos en Urquinaona, en octubre de 2019, dejan claro que va a costar mucho que cese en su empeño.

Ciertamente, la fiscalía de la AN le enmendó la plana y no se sabe si la del Tribunal Supremo va a seguir o no este camino. Pero las cosas nunca suceden por casualidad y los timings en que pasan tienen más importancia de la que parece. Estamos hablando de unos sucesos que se produjeron hace más de cuatro años, en el otoño de 2023. Cuatro años de instrucción de un caso que no necesitaba este tiempo, y en el que el president Puigdemont ni aparecía en ninguna de las diligencias llevadas a cabo, ni en las órdenes europeas, ni en las comisiones rogatorias. Hechos aparentemente sobrevenidos, policías recién avisados de su error de no haberse personado, todo extraño y sospechoso para mantener viva la persecución judicial y su supuesta vinculación —igual que la de Marta Rovira— con unos hechos que pretende que sean catalogados a toda costa de terrorismo, en alguna de sus diferentes capas de intensidad.

Si es provocativa la actitud de García-Castellón, también llama la atención el silencio que la rodea

Pero si es provocativa la actitud de García-Castellón, con una base jurídica inexistente, también llama la atención el silencio que la rodea. No hay que esperar nada del Consejo del Poder Judicial, ni de las asociaciones judiciales. Tampoco de los medios de comunicación, de la prensa escrita de Madrid, ni de la gran mayoría de radios y televisiones. Pero es inaudito tanto silencio ante tanto atropello. Hizo un intento la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acusó a García-Castellón de lawfare por mantener la acusación a Puigdemont por terrorismo y arremetió contra el poder judicial. Nadie le ha seguido desde el ejecutivo español, que nunca se encuentra cómodo en este terreno, por más evidencias que haya, y rehúye tanto como puede una confrontación pública.

Ya se sabe —al menos desde 2012, de manera muy exagerada— que hay varas de medir diferentes. Solo hace falta ir a una noticia de este mismo mes de enero en la que se decía que la Fiscalía había abierto diligencias por el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en la calle Ferraz de Madrid. El ministerio público va a investigar los hechos y ya veremos cuáles son sus conclusiones y si acaba viendo o no delito. Espero que, con la misma celeridad, tengamos noticias de la Fiscalía respecto al hecho sucedido en Jaén, donde se ha prendido fuego a un pelele al cual han bautizado como 'Pelelemón'. El muñeco en cuestión llevaba incorporado el lema 'Quiero ser indultado', iba con traje, corbata, peluca y un maletín lleno de dinero. Entre las manifestaciones del consistorio jiennense se aplaude que el muñeco en cuestión sea "el señor Pelelemón, que quiere ser indultado y librarse de las llamas de la hoguera, pero ni su dinero ni su estatus impedirán que queme como el resto de peleles en estos fuegos de San Antón".

No sé muy bien de qué pueden sentirse satisfechos, como no sea de ser unos energúmenos.