Como era más que previsible, la ley de vivienda, aprobada en el último momento de la legislatura y que pretendía, entre otras cosas, abaratar los incrementos en los precios de alquiler y poner a precios más asequibles una oferta mucho más amplia de pisos, está teniendo el efecto contrario al que pretendían los legisladores. Del parque móvil de alquiler de la ciudad de Barcelona se ha evaporado, en tan solo un mes, la mitad de las viviendas que había hasta el pasado mes de mayo, lo cual es una absoluta brutalidad. El dogmatismo en muchos preceptos de la ley de vivienda primó por encima del conocimiento del mercado que vaticinaban los expertos. Ahora todo son lamentaciones, buscar culpables que se coman el desaguisado y hacer una lectura política que en nada va a ayudar a los que buscan piso de alquiler.
La ley estaba rematadamente mal hecha y era obvio que una bolsa importante del mercado de alquiler optaría por otras alternativas —incluso la venta— y que el resultado final sería muy punitivo para aquellos con unas posibilidades económicas más difíciles. Aunque son temáticas diferentes, el conflicto recuerda mucho a la ley del solo sí es sí. Claro que muchos jueces actuaron torticeramente, poniendo en libertad a violadores condenados o rebajándoles la pena de prisión. Pero lo pudieron hacer porque el Ministerio de Igualdad sacó adelante en las Cortes un texto con tantas lagunas jurídicas que permitía el efecto contrario al que pregonaba perseguir. La ministra Irene Montero se emperró en no hacer modificaciones legales cuando se empezó a ver la magnitud de la tragedia. Al final, tuvo que ser el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que enmendara a su ministra de Podemos y buscara el apoyo parlamentario de otras formaciones como el PP, Ciudadanos y PNV para rectificarla en las Cortes.
Pues bien, la ley de vivienda tenía en origen un problema que los agentes del sector ya pronosticaron respecto al alquiler: fácilmente podía producirse el efecto contrario al perseguido por los diputados y diputadas. Y así ha sido. En tan solo un mes, entre mayo y junio de este año, los pisos en alquiler en Barcelona han caído un 46%, según las cifras que maneja el Col·legi d'Administradors de Finques. Para Lorenzo Viñas, el presidente del colegio, los propietarios de pisos tienen miedo de alquilarlos y la ley no resuelve el problema de la vivienda existente, que es sobre todo de oferta, más allá del precio. Con lo cual, la nueva ley pretende ayudar a la gente, pero puede discriminar a los más vulnerables. La explicación es para ellos muy sencilla, ya que al reducirse la oferta de alquiler, los propietarios pueden hacer un casting mayor y excluir a las personas que no tengan un buen salario o un lugar de trabajo seguro, como de hecho en parte ya sucede a día de hoy.
Claro está, nadie se hará responsable, como con la ley del sí es sí. Lo importante para el PSOE y Podemos era el discurso. Aparentar que, aunque fuera tarde y la legislatura ya estaba al final, había habido una voluntad política. Pero la realidad es que el 46% de las viviendas en alquiler en Barcelona se han evaporado del mercado, menos personas van a poder alquilar pisos este verano y tendrán que abandonar la capital catalana y establecer su residencia en otra ciudad. La inmobiliaria Tecnocasa ha vaticinado que este año pueden desaparecer del mercado en España alrededor de 100.000 inmuebles. El nuevo gobierno y las nuevas Cortes ya tienen una primera patata caliente.