Por más que el Fútbol Club Barcelona siga guardando un inexplicable silencio, es obvio que la denuncia de la Fiscalía de Barcelona, presentada este viernes en un juzgado de instrucción de la capital catalana, contra el Barça y, entre otros, contra exresponsables del club —dos expresidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu— en relación con el caso Enrique Negreira, el árbitro que habría cobrado de la entidad entre 2001 y 2018 más de 7,3 millones de euros, supone un salto enorme en la preocupación de los socios, la inquietud de la masa social y el desprestigio reputacional de la entidad a nivel internacional. La gravedad de los tres delitos que figuran en la denuncia —corrupción continuada, administración desleal y falsedad en documento mercantil— marca un evidente cambio de registro: ya no estamos ante informaciones más o menos tendenciosas algunas de ellas, sino ante un procedimiento judicial en toda la regla.

En uno de los párrafos más duros del escrito de la Fiscalía se dice textualmente lo siguiente: "A través de los presidentes ARF (Rosell) y JMBF (Bartomeu) el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado JMEN (Negreira), a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros) y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones oficiales españolas de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones —en las que participaba el denunciado— para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales".

Aunque la querella solo llega hasta la presidencia de Rosell (2010-2014) ello es debido a una cuestión técnica, ya que, de no estar prescrito el supuesto delito por el tiempo transcurrido, abarcaría a todos los presidentes desde la época de Joan Gaspart, que llegó al cargo en julio del año 2000. Dice el refrán que a perro flaco, todo son pulgas, y es poco discutible que al Barça se le acumulan los problemas estos últimos tiempos: desde los económicos por la delicada situación que atraviesa, hasta los institucionales por su manifiesta enemistad con el presidente de la Liga, Javier Tebas, tanto por temas domésticos del fútbol español como por la Superliga, una iniciativa que choca tanto con los intereses de Tebas como con los de Aleksander Ceferin (UEFA) y de Giovanni Vincenzo Infantino (FIFA). Tebas incluso ha llegado a señalar recientemente que Laporta debería dimitir si sus explicaciones no eran convincentes.

Es evidente, por tanto, que más allá de la siempre sospechosa casualidad de que todo haya aparecido en un momento en que el Barça tiene muchas opciones de ganar la Liga española, el Barça debe explicarse y sus responsables empezar a defender el buen nombre de la entidad porque lo que es seguro es que los socios, que son los propietarios del club, de lo que se explica en la denuncia no sabían nada. Está en juego, aunque suene exagerado, el futuro de la entidad, ya que las consecuencias de un final negativo serían devastadoras. Lo serían económicamente, pero también deportiva e institucionalmente hablando. Hay demasiados intereses y el Barça tiene enemigos demasiado fuertes para tomarse el problema a la ligera, como aparentemente ha parecido en algún momento. Y aunque la Fiscalía deberá probar sus graves acusaciones, la batalla que se dibuja en el horizonte amenaza claramente el futuro de la entidad.