Este lunes se inicia en el Tribunal Supremo un juicio ciertamente sorprendente: el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados y se le piden seis años de cárcel. El juicio es asombroso por un doble motivo: en primer lugar, es la primera vez que un fiscal general del Estado acaba entre los acusados en España; y lo realmente insólito, lo que le confiere una categoría de inaudito y difícilmente repetible es que se ha negado a dimitir y comparecerá a juicio ocupando el cargo que ostenta desde el 2 de agosto de 2022. Es cierto que el juez Ángel Hurtado optó por no suspenderlo temporalmente, pero es igualmente evidente que nadie se pensaba que arrastraría el prestigio de la Fiscalía manteniéndose en el cargo.
Sea como sea, así ha sido y el Tribunal Supremo vivirá un juicio extraño por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un tribunal de lujo de siete magistrados, presidido por Andrés Martínez Arrieta y con miembros de tanto peso en la judicatura como Manuel Marchena, Susana Polo o Carmen Lamela, deberá dilucidar si Álvaro García Ortiz filtró el 2 de febrero de 2024 el correo en el cual el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales. El juez instructor considera que hay indicios suficientes y el fiscal general niega que enviara los correos a los periodistas.
Aunque para muchos el caso en concreto puede ser banal, el juicio va mucho más allá de la filtración al estar implicado el fiscal general
Aunque para muchos el caso en concreto puede ser banal, el juicio va mucho más allá de la filtración al estar implicado el fiscal general. En seis jornadas pasarán una cuarentena de testigos y las repercusiones del resultado afectarán de lleno al mismo Gobierno, ya que, desde el primer momento, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo han arropado y se han negado a pedirle la dimisión después. Esa circunstancia, que además se produce en medio de numerosos casos judiciales que envuelven al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno, da un plus de importancia al juicio, ya que una sentencia condenatoria daría alas al Partido Popular y a la oposición en sus críticas al Gobierno y, por el contrario, un sobreseimiento alimentaría el discurso victimista del Gobierno, que señala que todo es una campaña para desestabilizar a Pedro Sánchez.
El hecho de que el juicio se produzca en plena campaña del ministro Bolaños, fantaseando con una imposible aprobación de su proyecto de ley de reforma de la justicia, no hace sino evidenciar que supone en la práctica la pérdida de mayoría parlamentaria en el Congreso. Bolaños fracasará en su proyecto estrella, más allá de presentaciones fake en las que se trata de aparentar que el proyecto acabará siendo ley. Que ese debate coincida con la delicada situación judicial del PSOE tampoco ayuda a rebajar las acusaciones de politización que recibe. Todo ello mientras la judicatura, en contra de los planes de Bolaños, espera la ayuda de Junts y de Puigdemont. Sorpresas de la política.