Aunque las relaciones del president Salvador Illa y los agentes económicos son razonablemente buenas, empieza a haber en ellos un cierto nerviosismo porque el Govern no haya presentado aún el proyecto de presupuestos para el año 2026 y la Administración catalana aún se rija por las últimas cuentas públicas aprobadas por el Parlament, que son las de 2023. Las del año siguiente no se aprobaron por culpa de los Comuns, que se negaron a sumarse al acuerdo que habían alcanzado Esquerra Republicana y PSC bajo la presidencia de Pere Aragonès, y ello desembocó en la convocatoria de elecciones catalanas anticipadas en mayo de 2024. Aquel año, tras la victoria electoral de los socialistas, Illa accedió a la presidencia el mes de agosto y dado lo avanzado del año y la enorme complejidad política de la Cámara catalana apostó por prorrogar las cuentas con el objetivo de que a estas alturas del año estuvieran tramitándose en el Parlament y se pudieran aprobar en tiempo y forma, algo que en Catalunya parece excepcional, ya que en los últimos quince años solo lo ha conseguido el exconseller de Economía Jaume Giró en los presupuestos de 2022.
Hay voluntad política por parte de PSC, ERC y los Comuns de aprobar los presupuestos, pero las hojas del calendario van cayendo sin que haya avances reales
Las cosas, sin embargo, se han ido retrasando, fundamentalmente porque el acuerdo sobre la financiación singular de Catalunya pactado con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa lleva retraso, en una compleja triangulación a tres, ya que el PSOE también tiene mucho que decir, y el partido de Oriol Junqueras no quiere separar una cosa de la otra. En Madrid, y más concretamente en el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños, también se estaría trabajando en un indulto parcial que levantara la inhabilitación de los ex presos políticos que aún no han recuperado todos sus derechos para ocupar cargo público o concurrir a elecciones y que, de llevarse a cabo, sería extensivo para Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Lo cierto es que hay voluntad política por parte de PSC, ERC y los Comuns de aprobar los presupuestos, pero las hojas del calendario van cayendo sin que haya avances reales que materialicen este compromiso teórico.
Este lunes, los sindicatos UGT y CCOO se reunieron con Foment de Treball y Pimec con el tema de los presupuestos encima de la mesa y la inquietud porque aún no hayan entrado en el Parlament. En la reunión que ya tienen agendada con la consellera de Economía, Alicia Romero, así se lo harán saber, repitiendo el movimiento que ya hicieron el pasado mes de junio patronales y sindicatos con el president Illa urgiendo su presentación. El hecho de que Esquerra Republicana haya decidido estas últimas horas posponer hasta, como mínimo, el año que viene el debate en el Congreso de los Diputados de su propuesta de ley para que Catalunya pueda recaudar íntegramente el IRPF y dotar a la Generalitat del marco legal para pasar de los actuales 5.000 millones a recaudar hasta 30.000 millones de euros anuales, actuaba también como un escollo indirecto a los presupuestos. La iniciativa registrada en septiembre y ahora aplazada por el partido de Oriol Junqueras era enormemente ambiciosa, ya que modificaba la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos catalana para dotar la Agència Tributària de Catalunya del marco legal necesario.
El president Salvador Illa ha reforzado en las últimas horas su discurso marcadamente optimista sobre el futuro de los presupuestos, asegurando su confianza absoluta en que Catalunya tendrá cuentas públicas en 2026, aunque sea en los primeros meses del año próximo. Unos presupuestos que Junts per Catalunya se ha negado a negociar con el Govern, aunque ha habido voces importantes del partido partidarias de sentarse y explorar las contrapartidas. Incluso hay dirigentes, los menos, que opinan que la ruptura en Madrid con el PSOE es un marco favorable para hablar de las cuentas públicas con el PSC, ya que los sitúa en dos tableros de juego al mismo tiempo. El Govern no haría ascos a este acercamiento de Junts, aunque en la negociación también entrara la reforma fiscal que han presentado. Sea como sea, este es un escenario, hoy por hoy, del todo imposible, ya que no se dan las condiciones de confianza ni tan siquiera para poder iniciarse.