Cuando ha transcurrido, en la práctica, una semana desde la agresión de la Policía Nacional a un joven socio del F. C. Barcelona desplazado a Elx para animar a su equipo, la única reacción del Gobierno ha sido una serie de palabras huecas que no aportan ninguna luz por parte del Ministerio del Interior. Una semana —de hecho, los siete días se cumplen el domingo a las 21 horas— quizás no baste para depurar todas las responsabilidades disciplinarias o penales, pero sí es tiempo más que suficiente para esclarecer la cadena de mando policial de aquella jornada, explicar por qué se retiraron banderas legales como la estelada que portaba el joven y determinar si la fuerza empleada por el policía fue desproporcionada, como así se puede asegurar viendo las múltiples imágenes y vídeos que hemos conocido estos días.
Es cierto que el ministro Marlaska, sin duda presionado por la minoría parlamentaria con la que cuenta el Gobierno, ha llegado a admitir un posible uso desproporcionado de la fuerza, pero la famosa investigación en la que el ministro se amparó está, aparentemente, en un limbo. Decir a estas alturas que se sigue investigando es, en el mejor de los casos, una falta absoluta de transparencia o una voluntad de ganar tiempo a la espera de que el tema se acabe olvidando. Algo que no sucederá, ya que Junts per Catalunya ha presentado una batería de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados y Esquerra Republicana ha registrado una solicitud de comparecencia del ministro del Interior en la Comisión correspondiente de la Cámara baja.
Decir a estas alturas que se sigue investigando es, en el mejor de los casos, una falta absoluta de transparencia o una voluntad de ganar tiempo a la espera de que el tema se acabe olvidando
En el terreno judicial, el F. C. Barcelona ha puesto a disposición del joven agredido y su familia un penalista para ayudar en la defensa legal y en la exigencia de responsabilidades a la Policía Nacional. También para defender al joven ante la posible acusación de atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia, como falsamente ha esbozado algún sindicato policial. El presidente del Barça ha actuado con acierto y celeridad en esta cuestión, ya que no hay motivos para el retraso que Interior está teniendo en informar de las acciones emprendidas. No siempre se ha actuado a este paso de tortuga: sin ir más lejos, el pasado mes de mayo una profesora jubilada sufrió una agresión policial en València. Misma comunidad autónoma y también una agresión policial. En 24 horas, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario contra el agente que ya había sido identificado por el vídeo que estaba circulando por las redes.
Una última reflexión una vez escuchadas las críticas por la anulación del homenaje a los jugadores del Barça campeones del mundo con la selección española el pasado mes de julio y su transformación, tras la agresión al joven socio del Barça en Elx, en una jornada de exaltación de la estelada: muchas veces se olvida que el F. C. Barcelona es, en primera instancia, de sus socios. De sus más de 150.000 socios, de los cuales, según las elecciones del pasado mes de marzo, un total de 114.504 tienen derecho a voto. En aquella jornada electoral, Laporta ganó con el 68,18 % de los votos, revalidando su mandato hasta 2031. Tiene, por tanto la legalidad y la legitimidad para adoptar una decisión como esta, por más que aficionados o incluso socios no la compartan. Aunque la respuesta del estadio acabó con esta discusión, vale la pena no dejarse llevar por el discurso acomodaticio de si era necesaria o no una respuesta. Lo era y se dio. El Barça es Més que un club, entre otras razones, por réplicas como esta. Y fin de la historia.