Uno de los mantras más repetidos desde el 20 de diciembre en España es el que hace referencia a las atribuciones de un gobierno en funciones. Así, se ha insistido una y otra vez que el Gobierno español está en funciones pero el Estado no. Es una manera de quitarse de encima la presión a la hora de decidir sobre determinadas cuestiones y abordar sólo las que te viene en gana. En estos meses, el gobierno del PP ha hecho uso y abuso de esta situación: se ha negado a comparecer en el Congreso de los Diputados, ha aparcado cualquier decisión política que no le fuera favorable, ha comprometido el déficit público de los próximos años sin contar con una parte de las autonomías y los partidos de la oposición y, lo que es más grave, ha disfrazado de decisión jurídica lo que son simplemente decisiones políticas con todos y cada uno de los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra leyes o resoluciones del gobierno catalán.
Así se ha llegado al absurdo que desde hace unos meses las comparecencias públicas de la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros de los viernes exhiben siempre el capítulo de leyes recurridas ante el TC.
Este viernes hemos vuelto a tener un nuevo ejemplo con el recurso a la ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. El Govern tenía depositadas algunas expectativas positivas después de la visita a Madrid de Puigdemont para reunirse con Rajoy y de que Junqueras hiciera lo propio con Soraya Sáenz de Santamaría. Desde la Generalitat se consideraba fustrante la situación.
La judicialización de la política lleva camino de convertir al Tribunal Constitucional en la tercera cámara legislativa, una situación insólita en el ordenamiento jurídico espanyol. Quizás sea ya hora de hacer un inventario y denunciar hasta donde se pueda la situación de desamparo en que este Gobierno trata de convertir lo que un día fue la autonomía de Catalunya.