Acaba de salir una carta de la Moncloa con destino a la presidencia del Parlamento Europeo en la que se pide que el catalán, el euskera y el gallego puedan ser lenguas de uso en la Eurocámara, lo que las dotaría de un estatus por debajo de una de las 22 lenguas oficiales aunque superior a la práctica inexistencia que hay actualmente. Es, obviamente, un paso, ya que de la nada a algo siempre es un avance. Y mejor es que sea lengua de uso que nada, ya que, lógicamente, algunas ventajas tiene, porque en teoría se pueden hacer desde traducciones a las diferentes lenguas de las actas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, comunicaciones escritas con las instituciones europeas e incluso parlamentos con traducción simultánea a las lenguas oficiales.

Como todas estas cosas, la letra pequeña entre lengua de uso y lengua oficial acaba teniendo una importancia más decisiva de lo que los profanos en este tipo de legislaciones comunitarias sabemos, ya que si es oficial se tiene que hacer y punto. En cambio, la petición de lengua de uso puede quedar en un cierto limbo, ya que, en teoría, este camino existe desde 2005, pero con una operatividad por parte de ningún Estado prácticamente nula. En todo caso, el Gobierno español podría perfectamente pedir al Europarlamento que fueran reconocidas como lenguas oficiales y no lo hace, porque la oficialidad tiene poco que ver con la importancia del idioma y su número de hablantes, sino que tiene que ver con la consideración que le dispensa cada Estado y es ahí donde radica el quid del problema.

Porque ¿cómo puede pedir el uso en el Europarlamento cuando se lo niega en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿Se puede impedir en Madrid y solicitarlo a Bruselas y Estrasburgo? Claro que no. En esa diferente vara de medir se explican, a la perfección, las insuficiencias de la propuesta española y el postureo de quienes cierran a cal y canto el reconocimiento en España de un Estado plurilingüe, pero que por necesidad acaban abriendo mínimamente una puerta para que no sean acusados de inmovilismo. Porque la petición surge de un acuerdo en la denominada mesa de diálogo entre el Gobierno español y el catalán del pasado mes de julio, ante la necesidad de alcanzar algún resultado que diera sentido a la mesa, confundiendo lo que tiene que ser un espacio de negociación para solucionar el conflicto político entre Catalunya y el Estado, con una agenda temática que tiene un sinfín de comisiones mixtas entre ambos gobiernos.

Llevar a la mesa de diálogo estas cuestiones, por muy importante que sea el uso del catalán en el Europarlamento, es un error porque confunde los objetivos para los que ha sido establecida y que no son otros que la amnistía y el referéndum, y las derivadas que estas dos carpetas puedan incluir. Y el catalán es de mal acoplar por más encajes de bolillos que se quieran hacer. Fuera de la mesa de diálogo exijamos al Gobierno español que dé rango oficial al catalán en las dos cámaras legislativas españolas y, mientras tanto, que acepte que sea lengua de uso. Si lo pide en Bruselas y Estrasburgo, ¿por qué no lo puede plantear en Madrid? Así, cuando menos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil García, no impedirían que se hablara en catalán, gallego y vasco en las Cortes generales.

Comprobarían que no pasa nada, que la vida sigue y que no les resta ni un ápice de oportunidades para realizar bien su trabajo. Y estarían en el mundo real de un Estado plurilingüe.