La decisión de juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, acusando y formalizando la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el primer anuncio de este de que no contempla dimitir y, finalmente, el posterior del Gobierno de que piensa mantenerlo en el cargo supone, en la práctica, poner patas arriba el Estado. Que defienda su inocencia tiene toda la lógica del mundo, ya que la presunción de la misma le corresponde como a cualquier ciudadano. Pero el cargo que ocupa es uno de los vértices del Estado de derecho y su decisión no puede ser otra que la propia de un país democrático y, en consecuencia, su dimisión es obligada para preservar las instituciones.

Si no lo hiciera, como parece que es el caso, el Gobierno ni puede ni debe protegerlo, aunque defienda su inocencia. Es a todas luces incontemplable en un país democrático que un gobierno haga piña con su fiscal procesado y lo mantenga en el cargo. La imagen de que el Gobierno arrastra las instituciones por el fango para proteger a un amigo es de muy difícil digestión para un ciudadano medio. Debería serlo para las asociaciones de fiscales, las de la judicatura y el conjunto de formaciones políticas. También las de la izquierda, empezando por Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que está en el gobierno con varios ministerios, pero también para Esquerra Republicana, Podemos o Bildu.

Pero la situación también incumbe a Junts per Catalunya y el PNV, ya que cometerían un error si piensan que esto es una batalla entre el PSOE y el PP. Es posible que también lo sea, pero por encima de todo ello está el quedar encasillado entre los que defienden el Estado de derecho o que esto acabe siendo el Far West y prime la ley del más fuerte. El caso que involucra al fiscal general puede ser visto por algunos como un tema menor, al lado de los innumerables casos de corrupción a los que asistimos desde hace meses y la actuación de las cloacas del Estado, tanto durante el gobierno del PP como ahora con gobiernos del PSOE. Los nombres de Leire Díez, la fontanera jefe del PSOE que recientemente renunció a la militancia socialista, los empresarios Javier Pérez Dolset y Víctor de Aldama o el abogado Alejandro Hamlyn, han suplido a los del comisario Villarejo, los cargos del ministerio del Interior con Jorge Fernández o María Dolores de Cospedal.

El Gobierno ni puede ni debe protegerlo, aunque defienda su inocencia. Es a todas luces incontemplable en un país democrático que un gobierno haga piña con su fiscal procesado y lo mantenga en el cargo

Pues bien, el juez Ángel Hurtado sostiene que el fiscal general del Estado debe sentarse en el banquillo de los acusados por revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dice así el juez: "Hay que presumir que el fiscal general del Estado facilitó [el correo] a un medio [de comunicación] para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría su confidencial contenido". Y la clave está en la página 29 del auto, en la que se reproduce un mensaje de WhatsApp por el anterior líder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, a las 8:51 del día 13 de marzo de 2024: "A ver un tema. Me llama Santos [Cerdán]. Pedro [Sánchez] va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso. Y que lo pidamos nosotros también".

De confirmarse los hechos, podría ser condenado hasta una pena máxima de cuatro años de prisión. En los primeros párrafos del auto, el juez señala directamente a la Moncloa al apuntar que "el fiscal García Ortiz actuó a raíz de las indicaciones recibidas de la presidencia del gobierno". Una razón más para que el fiscal general sea cesado y no parezca que realmente hay un compadreo entre el Gobierno y el fiscal general del Estado para atacar indiscriminadamente a un adversario político.