Desde que se alcanzó un acuerdo entre el PSOE y Junts para facilitar la elección de Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso de los Diputados, el pasado 16 de agosto, a cambio de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entrara en el Consejo de la Unió Europea un documento oficial solicitando la incorporación en el orden del día de la primera reunión que se celebrara del catalán, eusquera y gallego como lenguas oficiales de la UE, hemos ido leyendo la aparición de trabas en diferentes estados para que sea aprobado el próximo 19 de mayo.
Primero fue Francia, después las dudas de Suecia, más tarde Finlandia y, más recientemente, Bélgica y Países Bajos de una u otra manera también se han pronunciado internamente con muy poco entusiasmo. De todo ello se podría deducir que el camino no está exento de trabas pero, al mismo tiempo, que España dispone de cartas suficientes para que, al menos, en lo que respecta al catalán, la oficialidad en la Unión Europea no descarrile.
Algunos movimientos públicos ya ha hecho el ministro Albares ofreciendo que sería el estado español el que se haría cargo de todos los costes que supusiera para las instituciones europeas. Puede ser que ello no sea suficiente y tenga que poner encima de la mesa incentivos complementarios, como sucede en cualquier negociación europea donde los votos afirmativos a veces se dan después de negociaciones estado a estado con otras carpetas que nada tienen que ver y que permanecían aparcadas a la espera de una coyuntura como esta.
Otra solución sería separar en carpetas diferentes el catalán, el euskera y el gallego, ya que si bien es cierto que las tres lenguas son cooficiales en Catalunya, País Vasco y Galicia, la situación de cada una no es exactamente la misma. Ni por número de hablantes ni tampoco por ser la lengua oficial de un estado, cosa que sí que lo es el catalán en el caso de Andorra, que tiene a esta lengua como única oficial. Explicar todo esto es una obviedad, pero a veces, por las razones que sea, se tiende a olvidar que son realidades muy diferentes.
Finalmente, España tiene una carta, llegado el caso. Es su semestre de presidencia europea y una mancha como esta restaría brillo a la gestión de Sánchez. Por ello, tiene que hacer uso de esa fuerza y de la capacidad de bloqueo en otras cuestiones para resolver el tema del catalán. Porque, al final, los catalanes queremos que el catalán sea lengua oficial y esa ha sido la batalla política que se ha dado. No en detrimento de nadie, pero sobre todo asegurando que el catalán no se quede fuera. A partir de aquí, obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Lo demás serían excusas que no han de ser aceptadas.