Acciones contra el Estado español por vulneración del derecho de la Unión. Es la acción que ha anunciado el abogado Gonzalo Boye, en nombre del president Carles Puigdemont, en su escrito presentado este martes ante el Tribunal de Cuentas (TCu), a quien le insiste en que aplique la ley de amnistía a Puigdemont y a los 35 excargos de los governs de Junts y ERC demandados por el gasto del 1-O, tal como le respondió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado 16 de julio.
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez no hizo caso de la respuesta pedida al tribunal europeo y en dos providencias, de este septiembre, ha denegado buscar fondos europeos en el gasto del 1-O, pero ha vuelto a dar un nuevo trámite de cinco días para que los codemandados se manifiesten sobre la aplicación de la ley de amnistía. En la última resolución, comunicada este lunes, la consejera rechazó haber sido interpelada y Boye ha denunciado que ha "reinterpretado" la resolución del TJUE, hecho —advierte— que puede incurrir en "infracción" y sanción al Estado español. El penalista ya denunció esta irregularidad a la Comisión Europea.