Los audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen o la princesa Corinna, sobre su relación con el rey emérito, las amenazas de muerte que dice haber recibido, la exigencia de que le devolviera los 65 millones de euros que le había regalado y que tienen su origen en una donación de Arabia Saudita en 2008, el uso de patrimonio del Estado como estancia regular de los amantes durante su relación, serían en un país normal no solo, como lo es en España, motivo de vergüenza y de programas rosas de radio y televisión sino, sobre todo, objeto de una investigación y, seguramente, comportarían la entrada de la Fiscalía y de la justicia española.

No tiene por qué tener razón Corinna Larsen en sus denuncias, aunque, ciertamente, los pódcasts titulados Corinna y el rey que va dando a conocer semanalmente son suficientemente sólidos por las fechas, situaciones y explicaciones para que una parte de lo que allí se revela necesite alguna cosa más que el escrutinio de los medios de comunicación. La revelación de que Juan Carlos I estaba bajo los efectos del alcohol cuando tuvo el accidente de Botswana mientras cazaba elefantes y salió de la carpa tambaleándose, recoge un momento clave en lo que fue la renuncia del emérito, ya que allí empezó todo con aquella especie de arrepentimiento al salir del hospital en Madrid y manifestar: "No volverá a pasar".

Pero dejando de lado los aspectos más morbosos y más vergonzosos para Juan Carlos I y que era jefe del Estado y sucedía en plena crisis económica, los turbios elementos económicos explicados —"llegaba con bolsas llenas de billetes"— no deberían ser ocultados ni por la justicia, ni por el Gobierno, ni por las Cortes. Los esfuerzos en todos los ámbitos para tapar lo que ha ido denunciando Corinna dejan en muy mal lugar a los que se sirven de su poder para impedir llegar a conocer la verdad.

Hasta en casi una decena de ocasiones se ha intentado crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. En todas ellas, el PSOE se ha alineado con PP y Vox para impedirlo. Los partidos independentistas, nacionalistas, Unidas Podemos y algunas formaciones minoritarias no han logrado romper la unidad de los partidos defensores del régimen del 78. El resultado en el Congreso siempre ha sido el mismo y parece no importar nada que se vayan conociendo nuevas situaciones escandalosas, económicas o políticas, como las supuestas amenazas que recibió del CNI.

En otras circunstancias, el enorme daño a la imagen de España sería suficiente para cambiar la estrategia, pero parece que eso sea lo que menos preocupa a los que deberían velar por ello. Será que salir del barro es, a estas alturas, una misión casi imposible.