La sección quinta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acaba de emitir una sentencia en la que, atendiendo un recurso interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, representado y dirigido por el abogado del Estado, ha establecido que se debe garantizar un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en Catalunya, amén de remarcar que el uso de esta lengua es residual.

No es la primera vez que el TSJC se pronuncia al respecto y mucho me temo que no será la última, ya que el modelo educativo catalán lleva décadas siendo caballo de batalla del nacionalismo español más rancio, obsesionado como está en acabar con la inmersión lingüística en los colegios, un modelo de éxito convivencial en la sociedad y en las aulas y que, en la práctica, permite al catalán resistir como lengua en un momento en que su decrecimiento es del todo evidente, se mire la estadística que se mire.

Esta misma semana, la  Plataforma per la Llengua señalaba que la situación era de emergencia lingüística, ya que aunque mucha gente sepa hablar y escribir en catalán, en un porcentaje cada vez más alto, y que lo entienda más del 90% de los catalanes, lejos de consolidarse está yendo hacia atrás en su uso social. Solo hace falta darse una vuelta por los colegios para ver que esto es así, y las zonas de recreo son un buen ejemplo de ello. El castellano ha ganado la batalla como lengua de conversación entre los jóvenes y, en consecuencia, se produce una situación bien anómala: los alumnos reciben la clase en catalán mayoritariamente y cuando acaba la fase lectiva, pasan automáticamente de una lengua a otra y el castellano acaba imponiéndose.

Por este camino, el catalán tiene todas las de perder, ya que no hay una sensibilización social sobre la necesidad de su uso y puede acabar siendo una lengua académica y pocas cosas más. Que en esta situación haya una preocupación ministerial y judicial por incrementar las horas de castellano en las aulas no deja de ser un cierto contrasentido, y que el abogado del Estado, o sea del Gobierno, dirija la embestida del ministerio, resulta curioso y para tomar nota. No hay ninguna posibilidad de desconocimiento del castellano por los escolares, como demuestran las diferentes encuestas que se realizan por comunidades autónomas, donde los alumnos catalanes no salen precisamente malparados frente a los de otras zonas de España.

Si eso es así, ¿por qué la insistencia? Es obvio que el corpus estratégico del deep state no es solo poner punto final a los intentos de una nueva revuelta ciudadana por la independencia como la del 2017. También está poner en riesgo la identidad catalana en un camino uniformizador de todo lo que se encuentra a su paso. Y en eso, la lengua y la cultura catalana son siempre elementos diferenciadores y hasta hace unos años incluso aglutinadores de unas determinadas reivindicaciones nacionales. Combatir el catalán como sea, es el objetivo final de un establishment español que tiene delante de él una destrucción del régimen sin parangón en Europa, donde jueces y militares acaban siendo actores permanentes de noticias políticas y marcando la agenda informativa a diario. Lo más peligroso de todo es que el discurso de la derecha ha cuajado y partidos que antaño defendían con fuerza el catalán hoy hacen lo posible para mirar hacia otro lado. Y eso no es una buena noticia, ya que la lengua tendría que ser, en un país normal, cosa de todos.