Después de días deshojando la margarita, el Govern ha dado el paso y se suma a las comunidades autónomas que incorporarán el toque de queda al catálogo de restricciones ciudadanas para tratar de controlar la expansión de la pandemia que avanza considerablemente en Catalunya. Las últimas cifras facilitadas por la conselleria de Salut este mismo viernes no dejan lugar a dudas: la curva crece y crece y los tres indicadores que sirven para evaluar la situación -número de nuevos infectados (5.403), riesgo de rebrote cada 100.000 habitantes (635,71), velocidad de contagio (1,46)- son muy negativos. El Consell Executiu, desprovisto de president tras la inhabilitación de Quim Torra, aborda la segunda ola en medio de un cierto caos generalizado entre el conjunto de las autoridades del mundo entero, que tampoco saben con exactitud qué tipo de medidas adoptar. El ejemplo más claro ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció a última hora de la mañana por televisión durante 25 minutos para hacer una declaración en la que no anunció ninguna medida y se dedicó tan solo a hablar y hablar sobre lo importante que era tener espíritu de equipo y moral de victoria.

El toque de queda que aplicará inmediatamente el Govern, una vez el Consejo de Ministros haya aprobado el estado de alarma y cedido la coordinación en los respectivos territorios a las comunidades autónomas -un cambio sustancial respecto a la recentralización del pasado mes de marzo-  es más que probable que vaya acompañado de alguna otra medida que estudiará este fin de semana el Procicat. Este organismo deberá también decidir la franja horaria del mismo, que se intuye que será de las 23 horas a las 6, una hora de inicio que es a todas luces tardía pero que se justifica como un intento de no volver a castigar al sector cultural que permanece abierto. Seguirá penalizado, al menos una semana más, el sector de la restauración, bares y restaurantes, ya que nadie se atreve a liderar la marcha atrás de lo que fue a todas luces un error, con el único gran sector que llevará sobre sus espaldas una iniciativa restrictiva absoluta más que discutible.

Las advertencias del Govern catalán sobre la amenaza que suponen los datos oficiales no son ni mucho menos exageradas. Hay que concienciarse nuevamente de que estas medidas pueden ser las últimas antes de un nuevo confinamiento que sería, entonces sí, una absoluta catástrofe económica que lastraría al país durante varios años. No solo el 2021 y 22 que, según los expertos, será la herencia de la primera hora sino, al menos, un par de años más. La cascada de peticiones de estado de alarma para instaurar seguramente el toque de queda solicitado por las comunidades autónomas este viernes -País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-León y Melilla- refleja un temor de las autonomías para los próximos días. Porque, por más que se diga y se repita que el sistema sanitario, aunque está lejos de encontrarse como la pasada primavera, también hemos aprendido que las cifras crecen muy rápidamente y puede llegar a una situación crítica.

No se ve el final del túnel y tampoco sabemos cuanto de trayecto queda hasta ver la luz. Es cierto. Y esa es la mayor incerteza en estos momentos. De ahí que las decisiones que haya que adoptar se tomen con celeridad y que no se pierda el horizonte de lo que siempre debe tener en el frontispicio un gobierno en una situación como esta: el salvar vidas pero también el dejar el menor número de gente atrás, rezagada para siempre.