El Tribunal de Justicia de Catalunya ha tumbado el toque de queda entre la 01:00 y las 06:00 h solicitado por el Govern de la Generalitat para 148 municipios, y tan solo lo ha autorizado para 19 poblaciones, dejando fuera a las cuatro capitales catalanas y las principales poblaciones de la conurbación de Barcelona. Más allá de la argumentación de los jueces, que en parte podría en determinados casos llegar a estar de acuerdo, la razón de fondo en mi opinión no es la que ellos argumentan sino la sanitaria: ¿pueden los tribunales adoptar una decisión que va en contra de la salud, que pone en riesgo el esfuerzo realizado para volver a contener la quinta ola y abrir las puertas de par en par a la sexta ola ante el inminente inicio del curso escolar?

Las razones de contención de la propagación de la pandemia son claras y así, por ejemplo, lo ha destacado uno de los investigadores más reconocidos en la covid-19, Àlex Arenas. "Sexta ola asegurada", ha sentenciado Arenas después de conocer que buena parte de las restricciones solicitadas por la Generalitat no habían sido aceptadas. Lo mismo hicieron a lo largo de la jornada la mayoría de los municipios catalanes que se han caído de la lista de 148 poblaciones para las que se quería alargar el toque de queda.

Expuestas las razones sanitarias, la argumentación del TSJC no es desdeñable. El tribunal viene a decir que aunque el Govern aduce criterios médicos, el hecho de que en las últimas semanas haya ido bajando el límite de infectados por cada 100.000 habitantes para mantener el toque de queda, permite pensar que lo que prima en su decisión es mantener la seguridad y el orden público. Y a eso se acoge la justicia después de que el criterio haya ido bajando de 400 casos por cada 100.000 habitantes, después a 250 casos y ahora se haya intentado el aval del TSJC a un toque de queda en las poblaciones que mantuvieran 150 casos cada 100.000 habitantes.

Es por ello que el tribunal concluye que debe priorizar derechos y libertades fundamentales, como la movilidad, dada la actitud cambiante de la Generalitat. El debate, como el de otros sitios, está más que servido, ya que en muchos lugares los tribunales han acabado modificando su criterio inicial a medida que los gobiernos hacían un uso prolongado y variable en el tiempo.

Veremos cuál es la reacción de la Generalitat y en concreto de Presidència y de la Conselleria de Salut en las próximas fechas, y cómo gestionan los municipios esta nueva situación que puede dar lugar a otra situación enormemente compleja en las poblaciones con playa. Porque ya hemos visto en situaciones anteriores que abrir de golpe medidas que antes estaban cerradas a cal y canto acababa teniendo a medio plazo sus consecuencias negativas. Y ahora Sant Joan y las fechas de los alrededores quedan muy lejos, pero las consecuencias de todo índole, fundamentalmente económicas, han sido más que evidentes este verano.