Una de las situaciones más preocupantes en el panorama político español tiene que ver con cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está perdiendo el control del poder del Estado. Siguen ostentando el poder que deriva de la gestión diaria del ejecutivo, claro está; pero el poder del Estado son muchas cosas más: desde mantener al jefe del Estado sin hacer política y no como un contrapoder, a que la Justicia entienda que no puede mantener una pugna permanente a través de la alta magistratura con el poder ejecutivo y legislativo. O también que los militares estén en los cuarteles callados y no enviando cartas al Rey o protagonizando imágenes vergonzosas, como las que recientemente hemos visto en que estaban haciendo el saludo nazi mientras cantaban una canción de la División Azul.

A todo esto, grave en cualquier democracia, el Gobierno responde con evasivas de bajo perfil, pensando que, quién sabe, si gestionándolo discretamente conseguirá darle la vuelta a la situación. El resultado a la vista está: se están conculcando a una enorme velocidad derechos individuales que a veces tienen que ver con la libertad de expresión y otras con algo tan sencillo como la calidad de la democracia. Oír a la vicepresidenta Carmen Calvo o a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no citar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, minimizando todos y cada uno de los hechos de las últimas semanas, o lo que es más peligroso, mostrando una total sensación de impotencia, es literalmente una invitación a la máxima preocupación, ya que quiere decir que el Gobierno no sabe como abordar el problema.

La izquierda se puso de perfil cuando el ataque frontal y desmesurado del Estado contra el independentismo. Con una represión que no tuvo límite y que más de uno desde la izquierda pensó que igual les acababa beneficiando. No les sirvió para ganar aquella batalla y, como ha reflejado este viernes el Centre d'Estudis d'Opinió, el independentismo está de nuevo en condiciones de revalidar la mayoría absoluta en el Parlament el próximo 14 de febrero. Se puede decir que no solo no le sirvió de nada al PSOE alinearse con la represión y a Unidas Podemos ponerse de perfil en muchas situaciones, sino que ahora se ve de manera meridiana que el deep state aprovechó aquella circunstancia como una especie de ensayo para la situación actual. Así, se ha conseguido crear tal maraña de situaciones excepcionales que el ejecutivo español se pasa todo el día cazando moscas para parar los golpes que la derecha le propina desde sus diferentes instancias de poder.

El juez Manuel Marchena, en su condición de presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, lejos de archivar las decenas de denuncias contra el Gobierno español por la gestión del coronavirus, las ha remitido a los juzgados ordinarios de la capital madrileña para que las investigue. Tanto la omisión de medidas de seguridad para sanitarios y policías, como la contratación de material fallido, o las muertes de personas mayores en las residencias. La Fiscalía estaba en contra, pero la alta magistratura no parece dispuesta a perder la ocasión de protagonizar un enfrentamiento sonado con el ejecutivo. Son en total 20 querellas y 30 denuncias, algo que lleva a pensar que una u otra seguro que encontrará la manera de escalar judicialmente y oiremos hablar de ello.

El entramado se va tejiendo lentamente y Sánchez e Iglesias, satisfechos con el poder en minúscula y los coches oficiales, han olvidado que el espacio que se cede es prácticamente imposible de recuperar.