Solo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados permitiría, quizás, llegar hasta el fondo y conocer cuál fue la participación del Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, en la turbia detención del presidente Carles Puigdemont el pasado jueves en L’Alguer. Solo la rápida y contundente resolución de la juez del Tribunal de Apelación de Sassari, Plinia Azzena, consiguió levantar en menos de 24 horas su estancia en la prisión de alta seguridad de la isla de Cerdeña y desbaratar así las conjeturas que se habían hecho desde Madrid. La esperanza italiana se iba a esfumar en cuestión de horas, la operación estaba condenada también al fracaso, el Supremo haría un nuevo ridículo y la caza mayor del Estado español desde octubre de 2017 se iba en volver a escapar. Como en Alemania, como en Bélgica, como en Luxemburgo. Allí donde los tribunales europeos se han tenido que pronunciar.

No ha estado solo el magistrado Pablo Llarena en esta turbia operación en la que, por lo que sabemos, hubo un adecuado reparto de papeles: el juez apretó el botón desde el Tribunal Supremo con suficiente antelación y discreción para mantener vivas las euroórdenes en contra de lo que notificó oficialmente y por escrito el Reino de España en el Tribunal General de la Unión Europea. A partir de aquí, la cooperación de la policía española que siguió al minuto y con antelación suficiente los preparativos de la detención. No unos agentes cualquiera, ni unos mandos intermedios. La plana mayor al completo de la Policía Nacional monitorizando al minuto lo que estaba sucediendo, desde sendas salas operativas en Valladolid y Madrid.

La cúpula del Ministerio del Interior estuvo plenamente informada. ¿El ministro? Nadie hasta la fecha lo ha descartado con rotundidad. ¿El presidente? Se desconoce ya que, entre otras cosas, en este tipo de materias el valor de una declaración es muy limitado. Habida cuenta de que no abrirá la Justicia española una pieza sobre la detención ilegal de Puigdemont, solo cabe la vía de una comisión de investigación. Es un imperativo democrático y tendría que ser una exigencia infranqueable de los partidos independentistas en las Cortes.

Cuando el president Puigdemont asegura que el Gobierno tenía mucho interés en que fuera detenido, está señalando claramente en una dirección. Cuando su abogado Gonzalo Boye habla de la fallida Operación Boomerang, practicada por España en Italia, de una caza a la persona, no de un procedimiento penal, y anuncia nuevas informaciones que facilitará al Tribunal General de la Unión Europea, obliga a una correspondiente actuación política en Madrid. La incomodidad por este obús en la política española y catalana no debe ser escondido debajo de una alfombra para no incomodar a La Moncloa. Los autores intelectuales en el pasado del “queremos saber la verdad” están obligados ahora a un ejercicio de transparencia para que la verdad se abra paso.