Desde la época del Tamayazo en 2003, en que dos diputados del PSOE se convirtieron en tránsfugas para facilitar con sus votos la llegada al poder de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, la política madrileña no vivía una situación tan caótica, burda y navajera como la de este miércoles. Sin saberse a ciencia cierta qué ha llegado primero, la presidenta de la Comunidad, la inefable Isabel Díaz Ayuso, ha disuelto la Cámara autonómica y ha convocado nuevas elecciones para el 4 de mayo. Más o menos a la misma hora, el PSOE y Más Madrid han presentado sendas mociones de censura con la voluntad de apartar a Ayuso de la presidencia, siempre con el necesario concurso de Ciudadanos. El partido naranja ha hecho explosionar los primeros pactos del tripartito de derechas que tenía en las autonomías después de las elecciones de 2019 —el paso dado en Murcia había llegado unas horas antes— y maniatado por una crisis irreversible que le lleva necesariamente a la desaparición, ha optado por refugiarse bajo el paraguas socialista, claramente, hoy por hoy, con muchos menos agujeros que el del PP.

La sincronización de los dos movimientos en la comunidad de Madrid acabará, sin duda, en los tribunales, el terreno en el que mejor se maneja el PP. Empezará por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pasará al Tribunal Supremo y acabará, seguramente, en el Constitucional. Tendrán que prepararse los madrileños para una continuada suma de montañas rusas en que claramente la justicia prevalecerá sobre la política. Nada que en Catalunya, por razones diferentes, no hayamos visto estos últimos años, desde el bloqueo a candidaturas a president de la Generalitat en el Parlament, inhabilitación de president y consellers y, más recientemente, la imposición de una fecha electoral —el 14 de febrero— en contra de la decisión de la Generalitat, el Parlament y los colectivos sanitarios preocupados por el coste que tendría en infectados en la lucha contra la Covid. La justicia española ha marcado la política catalana, con intromisiones exageradas, pero dejando claro que el poder judicial está muy por encima del legislativo y del ejecutivo.

El espectáculo está servido y el navajeo también. La izquierda tiene su oportunidad de oro para conquistar Madrid, pero Ayuso también la tiene al capitalizar una gestión que vista desde fuera, es absolutamente calamitosa pero que, según las encuestas, tiene un muy amplio respaldo de la ciudadanía. La justicia va a decidir quién gobierna y los catalanes vamos a perder la exclusividad de que se nos impongan fuera de la vía democrática unas decisiones que nunca debieron salir de allí.

Se produce, además, en un momento delicado de la política catalana —de hecho, aquí, todos los momentos últimamente son frágiles— ya que este viernes hay que escoger la Mesa del Parlament de Catalunya y el martes el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con una oposición cercana al 43% de eurodiputados que no lo aprobaron. Y los presos políticos han tenido que reingresar en la prisión de Lledoners, ya que se les ha retirado el tercer grado. Hay razones más que suficientes para valorar como un cierto éxito político la votación europea y para estar más que irritados por el reingreso en prisión de los líderes independentistas. Mientras, el Gobierno Sánchez juega imprudentemente con la Abogacía del Estado, la Fiscalia y los indultos. Sería el momento de que el independentismo fuera capaz de llegar a los acuerdos necesarios para respetar el mandato de las urnas del pasado 14 de febrero. No fuera el caso que, después de reírnos del follón que tiene entre manos Madrid, los siguientes sometidos al escarnio público de los catalanes sean aquellos a los que la ciudadanía les ha dado 74 escaños para que se pongan de acuerdo. Con sus diferencias, claro está, pero sin jugar imprudentemente a hundir el barco.

Frente a la temeridad, la frivolidad y el sinsentido madrileño tendría que estar el compromiso, el acuerdo y la responsabilidad catalana.