Se cumple este lunes el aniversario de las elecciones del 14 de febrero, las primeras en que el independentismo alcanzó un objetivo largamente perseguido: superar el 50% de los votos emitidos. En unos comicios marcados por la fuerte incidencia de la covid y de nuevo en una fecha impuesta por el Estado español —en 2018 fue el 155 y la supresión de la autonomía, en esta ocasión el TSJC anuló el decreto de aplazamiento y obligó a celebrarlas en plena pandemia— el éxito del independentismo fue notable, ya que amplió el número de escaños a 74 —de 135 asientos que tiene el Parlament de Catalunya— y elevó hasta casi el 52% el porcentaje de papeletas identificables bajo el paraguas de las formaciones independentistas. Por primera vez, se podía decir que Catalunya cumplía las dos condiciones para despertar una cierta concienciación europea: mayoría absoluta de escaños y de votos.

Aquel capital político se evaporó enseguida entre peleas de vuelo gallináceo, zancadillas entre las tres formaciones independentistas —Esquerra, Junts y la CUP— diferencias abismales a la hora de plantear una estrategia unitaria y disputas sobre cómo abordar una negociación con Madrid. El resultado a la vista está: el independentismo se ha desinflado como movimiento capaz de alterar la agenda de la política española y el 52% obtenido en las urnas no ha servido para nada, ya que los partidos no han sabido qué hacer con aquel importante capital político.

Se conformó un gobierno de matriz independentista, pero son contadas las excepciones en que la pulsión de alguna conselleria ha podido ser identificada con el fuerte embate existente entre Catalunya y España, con la represión judicial y política que está muy lejos de amainar como se puede ver a diario, o con la laminación que se intenta de la lengua y la escuela catalana, una columna vertebral de la nación catalana y que hoy sufre el mayor desafío de las últimas décadas. No hace falta decir nada de la mesa de diálogo, un auténtico fraude democrático por parte del Gobierno español que nunca ha pretendido ser la solución al conflicto, sino tan solo una cataplasma para ganar tiempo, desmovilizar al independentismo y generar división en Catalunya.

Se tiene y se debe hacer mucho mejor a partir de ahora porque no es suficiente con ganar las elecciones y, seguramente, unos nuevos comicios no cambiarían de manera radical las mayorías entre bloques. El crédito del que goza el independentismo por parte de la ciudadanía no es un cheque en blanco. Es necesario saber cuál es el rumbo del transatlántico, la velocidad de crucero y el destino al que se quiere llegar. Seguir navegando en círculos ya se ha visto que no lleva a ningún sitio. La conferencia de este lunes del president Pere Aragonès debe servir, sobre todo, para empezar a tener respuestas a los interrogantes que hay abiertos y que son muchos.