El independentismo catalán siempre ha planteado desde el primer día la ley de amnistía con un objetivo principal: que se puedan acoger a ella todos los implicados en causas judiciales diferentes desde el inicio del procés, situado cronológicamente en un periodo difuso que para algunos va desde finales de 2011 y para otros, en los primeros meses del año siguiente. Sea como sea, la amnistía o es un paraguas en el que quepan todos los represaliados o es un parche, un remiendo. Los socialistas, por su parte, tienen otra mirada al problema, ya que no querían hacerla y solo los resultados electorales del pasado mes de julio los llevaron a aceptarla y cada vez que hay unos decibelios de bronca política, intentan dar un paso atrás y mirar que en el paraguas quepa cuanta menos gente mejor.
Lo estamos viendo estos días en los que se está produciendo un debate sobre si los implicados en el caso Tsunami o los CDR han de figurar entre los amnistiados o no, ya que por en medio hay una acusación de terrorismo, conveniente armada por la justicia española para impedir que la nueva ley sea universal. Los socialistas se refugian en que a la amnistía no pueden acogerse los que tengan causas por terrorismo, en aras a que la ley no tropiece con problemas en Bruselas. Pero ese argumento no solo es mentira, sino que es una trampa. Es situar el debate donde no debería estar, porque, obviamente, ni Tsunami ni los CDR son terrorismo, por más que la Audiencia Nacional insista en ello. La justicia española tan solo quiere tener una especie de contenedor —y estas dos causas lo son— para poder ir incorporando independentistas que no puedan acogerse a la amnistía, empezando por Carles Puigdemont y Marta Rovira.
No estamos ante una cuestión menor, sino nuclear, en lo que para unos es un frenazo del PSOE y para otros, una trampa que tenían muy bien estudiada
El resultado final, de prosperar esta tesis, sería que el independentismo habría hecho un pan como unas tortas: validaría una ley de amnistía que dejaría de ser granítica para asemejarse a un queso gruyer. Por eso no ha habido acuerdo en las enmiendas que se han presentado y por eso el PSOE ha mirado de levantar un muro ante las peticiones independentistas. El ministro Bolaños, en el papel de portador de malas noticias, ha cerrado la puerta a las peticiones de Junts y Esquerra con argumentos falaces e insistiendo en que el PSOE está "muy convencido" de que los delitos graves tienen que estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. O sea, dejando barra libre al juez Manuel García-Castellón.
No estamos ante una cuestión menor, sino nuclear, en lo que para unos es un frenazo del PSOE y para otros, una trampa que tenían muy bien estudiada. Además, está el incendio que ha provocado Felipe González replicando las palabras de José María Aznar y llamando a la sociedad española a reaccionar contra la amnistía, que considera que es un despiadado ataque a la Constitución. Los llegaremos a ver juntos, si no, al tiempo, en alguna manifestación contra la amnistía. Aunque el peso de González en el partido es relativamente bajo, sus palabras siempre remueven los cimientos y, sobre todo, sirven de excusa para levantar el freno. Eso es algo que Madrid hace muy bien: medrar e introducir miedo cuando una propuesta no le gusta. Son unos verdaderos expertos que a veces lo tienen fácil si al otro lado se peca de bisoño.
Al PSOE le cuesta aterrizar en su nueva realidad parlamentaria, de la que huye como si no existiera. Pero al independentismo le produce a veces urticaria prolongar un conflicto y llevar un debate demasiado lejos. Y ahí están: negociando las enmiendas porque muchas cosas quedaron abiertas o sobreentendidas.