La sacudida del cierre de las plantas catalanas de Nissan supondrá un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que puede afectar hasta 11.500 personas en Catalunya y 16.500 en toda España, según ha aseverado hoy el conseller de Treball Chakir El Homrani, anunciando las cifras que ha calculado la compañía. "Es el ERE mayor que ha sufrido este país", ha lamentado el conseller. Ante esta situación, y aunque el conseller no ha querido dar demasiados detalles, el Departamento de Trabajo convocará empresa y trabajadores a una mediación la semana que viene para "buscar alternativas" que garanticen el empleo.
Causas productivas, no económicas
La empresa registró oficialmente el ERE a Trabajo este martes. Según ha explicado el conseller Homrani, se trata de un ERE por causas organizativas y productivas y no económicas, un hecho que "demuestra que la empresa es viable". En este sentido, asevera que "es importante situarlo porque refuerza la posición de todas las administraciones, patronales y sindicatos que la planta de Nissan en Catalunya es viable", ha explicado. "No estamos ante una decisión meramente económica sino estratégica" de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, ha añadido.
Una vez presentado formalmente, la multinacional tiene 30 días para negociar el expediente que incluye a 2.525 trabajadores de una plantilla de 3.000. La afectación indirecta, sin embargo, podría ser superior porque los cálculos de la compañía muestran que el cierre puede hacer peligrar el trabajo de más de 9.000 empleados indirectos en Catalunya y 5.000 más en el resto del Estado, ha apuntado el conseller.
Una alternativa a Nissan
La situación y la tensión entre la dirección de Nissan y las administraciones y sindicatos empieza a evidenciar que no hay marcha atrás y, finalmente, el Gobierno apuesta para buscar una alternativa para salvar parte de los puestos de trabajo a que quedarán en la calle. En este sentido, sin embargo, El Homrani ha lamentado que el Gobierno "vaya tarde" y "haya incumplido las promesas de derogación de la reforma laboral", una normativa que "debilita la igualdad negociadora de las partes y facilita la destrucción de empleo".
"Ante la limitación del marco normativo, la única vía para poder hacer frente a esta situación está ligada al diálogo y a la negociación", ha afirmado. El titular de Trabajo ha pedido a las dos partes involucradas "buena fe y voluntad" para encontrar una solución para un centro de trabajo histórico y para una empresa que "es viable económicamente".
En un principio, las negociaciones del ERE tienen una duración máxima de 30 días pero las dos partes pueden acordar ampliar el plazo de las conversaciones.