El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aplazar el aumento de las pensiones de un 0,9% hasta que haya un nuevo ejecutivo, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz Isabel Celaá.

Además, el consejo de ministros tampoco ha aprobado el incremento de los salarios de los funcionarios pactado con los sindicatos, del 2%, ni la revisión al alza del salario mínimo. Según Celaá, el aumento de las pensiones, en línea con el IPC, se hará "en el momento preciso que se configure el nuevo gobierno", y tendrá "carácter retroactivo".

Con respecto al salario mínimo, Celaá se ha emplazado al "diálogo social" entre sindicatos y patronales para conseguir una revisión al alza. En este sentido, ha indicado que en el 2020 el SMI se ajustará atendiendo en la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y "redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones". En más, ha señalado que la subida de lo salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva.

La ministra portavoz ha recordado que las pensiones están recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019 y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe.

Celaá ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene "mucho interés social" y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en las dos materias en beneficio de la gente "muy pronto". "El compromiso de Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% de lo salario medio en España , como indica la carta social europea, en una legislatura," ha dejado claro Celaá.

El Real Decreto aprobado este viernes también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguardia de las pensiones, que permite a los trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.