Tildar a algún territorio de paraíso fiscal está pasado de moda: ahora es más trendy acusarlo de "dumping fiscal".

Si bien cada concepto quiere decir una cosa diferente, ambos acostumbran a usarse indistintamente para poner de manifiesto que un territorio tiene impuestos más bajos.

Me gustaría aclarar algunas cuestiones sobre estos dos términos. En primer lugar, los paraísos fiscales solían ser territorios opacos, nada colaboradores con otros países en cuestión de intercambio de información, con fuertes leyes de protección para quien tenía intereses económicos, y con tributación nula o de baja intensidad. Muchos de estos paraísos solían ser islas y territorios extremadamente pequeños con limitadísimas posibilidades de desarrollo económico fuera del sector bancario, pues para abrir un banco sólo se necesitaba un despacho y una caja fuerte.

Ser una economía opaca no compensa: las leyes de blanqueo de capitales y de persecución del terrorismo desde los atentados del 11S han propiciado un "Big Brother" bancario al alcance de muchas haciendas

Sobre los paraísos fiscales se ha escrito mucho. Es sano recordar que actualmente la OCDE reconoce dos (Nauru y Niue), y que España empezó con una lista de más de cuarenta paraísos fiscales que ha ido reduciendo gracias a la firma bilateral de Convenios para evitar la Doble Imposición. De hecho, la cuestión paradisiaca ha decaído tanto que ya no lo es ni el mítico Principado de Andorra. Hoy, ser una economía opaca no compensa porque las leyes de blanqueo de capitales y de persecución del terrorismo que han proliferado desde los atentados de las Torres Gemelas del 11S han propiciado un "Big Brother" bancario al alcance de muchas haciendas, que han hecho desistir a los que buscaban aquellos refugios.

En segundo lugar, querría aclarar que se considera "dumping" toda práctica abusiva y desleal que manipule precios a la baja, incluso vendiendo por debajo de coste, para eliminar a los competidores. Aplicar el concepto "dumping" a territorios como la Comunidad de Madrid, Irlanda o Portugal como mínimo tendría que hacernos pensar: si bajan los impuestos es porque pueden, bien porque disfrutan de presupuesto suficiente como para aligerar la carga del contribuyente, bien porque tienen un plan a medio o largo plazo para crear actividad económica en lugar de asfixiarla. Porque, amigos y amigas, para crear actividad económica, o el estado desembolsa grandes cantidades de dinero en forma de inversión –cuestión difícil en la situación actual del déficit y de la deuda de algunas economías– o libera rentas y atrae capitales por la vía de la reducción de los impuestos.

Si en Catalunya algún día se pueden reducir los impuestos, espero que ningún catalán se autoacuse de dumping

La cuestión es que las administraciones que optan por asfixiar a sus administrados con impuestos han puesto en marcha una ofensiva contra los territorios que, ejerciendo su soberanía fiscal, adoptan una estrategia diferente a la que ejercía el sheriff de Nottingham con los sufridos conciudadanos de Robin Hood. El argumento cae por su propio peso: el resultado obtenido entre unos y otros es muy diferente y parece que Irlanda y Portugal están haciendo bien sus deberes.

El cortoplacismo de cuadrar las cuentas nunca puede ser una solución sostenible, y si en Catalunya algún día se pueden reducir los impuestos, espero que ningún catalán se autoacuse de dumping.

Anna Rossell es economista

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