El revuelo generado por la renovación del cupo vasco el pasado diciembre ha traído nuevos quebraderos de cabeza al Gobierno sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, propuso tras su aprobación un concierto económico para todas las comunidades: una especie de concierto para todos que substituyera el ya caduco café para todos. Ahora, en medio del debate abierto sobre la financiación, un informe demuestra que este sistema sería muy beneficioso para Catalunya y una ruina para el Estado.

Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) realizado por el economista Ángel de la Fuente, en el caso de aplicarse un concierto económico para Catalunya, la financiación del Govern aumentaría un 21,4%, lo que equivaldría a aumentar las partidas para Catalunya en 3.735 millones de euros. Por contra, en este caso, el Estado no podría soportarlo y entraría en quiebra.

Más de 20.000 millones

Catalunya tendría un presupuesto anual con el cupo de 20.895 millones de euros, 3.735 millones más. Sería de las más beneficiadas, junto a las Illes Balears, que obtendrían 808 millones más (+31,4%) respecto a los 2.793 millones de 2015, año de referencia del informe. La Comunidad de Madrid saldría reforzada por el efecto capitalidad: 8.038 más hasta alcanzar los 22.408 millones, lo que representa una subida del 54,8%. 

Y mientras algunas comunidades aprovecharían el concierto generalizado, habría otras que verían reducidas sus cuentas. El caso más extremo es el de Canarias, que perdería 4.200 millones por el camino (-83,7%), pero también destacan Andalucía, con 3.268 millones menos, y Galicia, que sufriría un reducción en su presupuesto de 1.387 millones.

El Estado, en crisis

El más perjudicado en la aplicación del cupo sería el mismo Estado. Según señala el informe, el Gobierno tendría "serias dificultades" para cuadrar sus cuentas tanto por lo que refiere a sus partidas para el estado del bienestar como para Defensa y Exteriores. En este escenario, el Estado quedaría en manos de la "solidaridad" de las comunidades y no podría mantener su ritmo de gasto. 

"La Administración central quedaría a expensas de la generosidad de unas Comunidades Autónomas que tendrían la llave de la caja", sostiene el informe. Así las cosas, al tener menos capacidad económica, subiría la prima de riesgo de España. Por ese motivo, el Estado —sin posibilidad de recaptar los impuestos— se vería obligado a reducir su administración.