La Audiencia Nacional ha ordenado este lunes que se vuelva a investigar en Repsol y CaixaBank por su posible relación con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. La sección tercera de la sala de lo penal ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y Unidas Podemos contra el acto del juez Manuel García-Castellón de 29 de julio de 2021, en el cual acordó el sobreseimiento provisional. La sala avala el argumento de los apelantes que no se han practicado todas las diligencias requeridas para aclarar de manera suficiente la responsabilidad criminal de Repsol y CaixaBank, de aquí viene que inste a seguir investigando el papel ejercido por ambas.
En más, el tribunal explica en su resolución que la instrucción hasta de esta pieza separada del caso Tándem, o caso Villarejo, revela indicios de descubrimiento y revelación de secretos y soborno. En concreto, el encargo elaborado por Cenyt, el grupo de Villarejo, se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones". Todo eso en el marco de la pieza separada 21 de la macrocausa 'Tándem', en la cual se investiga la contratación en 2011 por parte de las dos mercantiles en Cenyt con el presunto objetivo que espiara en Del Rivero para impedir que consiguiera el control de Repsol a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.
Con la reapertura del caso, la sala también está pidiendo que además de investigar el papel de CaixaBank y Repsol vuelva a analizar el papel de los presidentes de las dos empresas entonces, a Antoni Brufau e Isidre Fainé, e investigar si participaron en el encargo en Cenyt, empresa vinculada al excomisario, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y la mexicana Pemex. En la causa también están procesadas los exjefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo y de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño, así como el mismo Villarejo, su socio Rafael Redondo y el policía Enrique García Castaño, así como el subdirector de Servicios de Soporte de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.
En relación con Repsol y CaixaBank, la Sala incide en qué hay "base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal" a sendas compañías, por lo cual procede en este punto realizar una serie de diligencias antes de tomar una decisión con respecto a estas dos personas jurídicas. En este marco, el tribunal explica que el juez instructor acordó el sobreseimiento para ambas argumentando que habían implementado un modelo de prevención de delitos con reglas anticorrupción y controles para evitar la contratación de un funcionario público. "CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad", eso es, "con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos objeto de investigación", afirmó García-Castellón entonces. No obstante, el tribunal considera que la instrucción no puede darse por finalizada sin haber practicado antes diligencias de declaración y sin haberse aportado la documentación de apoyo|soporte del informe de KPMG aportado por Repsol para poder analizar su modelo de prevención establecido.
Imputados las jefes de seguridad
En el marco de esta pieza, el juez instructor confirmó el mes de noviembre pasado el procesamiento de los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank Rafael Araújo y Miguel Ángel Fernández Rancaño por el presunto encargo en Villarejo, rechazando sus recursos de reforma. El magistrado insistía en atribuir la contratación de Villarejo a Araújo esgrimiendo que, excepto él mismo, "ninguna de las otras personas que han declarado en la causa, ni el investigado Rafael Girona, ni los integrantes de la dirección de seguridad de Repsol conocían la existencia de Cenyt", incidiendo además en qué los indicios sugieren que Araújo conocía la condición de funcionario público en activo del comisario. En más, el juez remarcaba, que, aunque se argumenta que Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para neutralizar la ofensiva de Sacyr y Pemex y para evitar que fuera contratado por estas dos últimas, la investigación de Cenyt sobre Del Rivero "se centró en aspectos personales" y continuó después que dejara de presidir la compañía constructora y que los acuerdos con la petrolera mexicana quedaran sin efecto. García-Castellón respondió en la misma línea en Fernández Rancaño al afirmar que, "atendiendo al actuado en la presente pieza --y no en ninguna otra-- puede concluirse que sí que existen indicios de la comisión de delito por parte del investigado".