Inspecció de Treball de la Generalitat ha hecho pública este jueves una investigación puesta en marcha en colaboración con el Gobierno español hace más de un año sobre la estructura y la cadena de subcontratación de Telefónica en el servicio técnico de instalación en Catalunya. Y en este sentido, ya ha impuesto sanciones y liquidaciones por importe de 5,7 millones de euros.
Por su parte, el grupo de subcontratas formado por Cobra, Elecnor, Itete, Abentel, Comfica y Liteyca ha asegurado haber pagado el 100% de unas multas que posteriormente han recorrido a los tribunales, porque tanto la investigación como el proceso administrativo siguen abiertos. Además, también reiteran haber pagado el atraso de sus retrasos en la seguridad social de todos los trabajadores que han sido dados de alta en su plantilla.
Telefónica ha querido desmarcarse del asunto señalando que la multinacional "no ha sido objeto de ninguna inspección" por parte del departament de Treball de la Generalitat. Y en este sentido, la compañía ha reivindicado que la subcontratación siempre se lleva a cabo "en un contexto de absoluta legalidad, afrontando su responsabilidad y respetando el contexto normativo actual."
"Una trama irregular"
"Hemos destapado una trama irregular de subcontratación", ha asegurado el secretario general de Treball, Assumptes Socials i Famílies del Govern, Josep Ginesta, quien, además, ha matizado que del total de sanciones y liquidaciones, 3,1 millones corresponden a Telefónica como responsable subsidiaria, y el resto a un centenar de empresas subcontratadas. Y además, no se descarta que el número de estas empresas siga creciendo.
Por otro lado, Ginesta ha querido aclarar que la subcontratación es legal. Sempre y cuando sea por motivos de eficiencia y especialización. Sin embargo esta legalidad desaparece cuand la subcontractación se realiza para reducir las condiciones laborales de los trabajadores y atacar sus derechos.
Contundencia y pulso firme
No todo vale en el mercado de trabajo, por lo que el Govern ha querido dar muestras de autoridad y contundencia al asegurar que "no le temblará el pulso" con aquellas empresas que cometan este tipo de irregularidades. Y es que según Ginesta, el hilo conductor de estas irregularidades es la reducción de los derechos de los trabajadores.
En este sentido, ha explicado que las huelgas que mantuvieron los técnicos de las subcontratas de Telefónica ayudaron a que los comités de empresa se organizaran en la recopilación de información para la investigación que tiene que ser "ejemplarizante en todos los sectores". Tan ejemplar que el Gobierno español no descarta llevar a cabo investigacions también en otras autonomías.
332 expedientes
En cifras, Inspecció de Treball ha abierto 332 expedientes, de los que 219 son propuestas de sanción por infracción a la normativa sociolaboral por 2,15 millones, 21 actas de liquidación de las cuotas a la Seguridad Social (11 por diferencias en la cotización y 10 por falta en Régimen General de la Seguridad Social) por 3,61 millones y 198 altas en el Régimen General de la Seguridad Social y 92 contratos temporales transformados en indefinidos.
Así, se han detectado 200 falsos autónomos que ya han pasado al Régimen General de la Seguridad Social, así como 100 trabajadores temporales irregulares, que han pasado a ser indefinidos. El pulso más firme que nunca.