La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha propuesto sancionar 10.200 infracciones laborales durante el 2016, un 0,2% más que durante el año anterior, según ha explicado la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, este lunes al mediodía. El importe total de las sanciones asciende a los 44 millones de euros, lo que representa un incremento del 15,2% en relación en 2015, y representan también 173 millones en cuotas en la Seguridad Social. La media del importe de las sanciones ha incrementado en un 15% durante el 2016, hasta los 4.408 euros. Igualmente, la Inspecció de Treball ha efectuado más de 20.000 requerimientos de enmienda a las empresas.
Según ha explicado Bassa, la ITC ha finalizado 51.243 órdenes de servicio durante el 2016 en Catalunya, entre las cuales son denuncias (el equivalente a 10.545 expedientes), con un plazo medio de resolución de 123 días. La Inspecció ha visitado 36.028 centros de trabajo, el 15% en horario nocturno y un 9% con la policía.
Un 46,3% de fraude en seguridad social
De las 10.200 infracciones detectadas, un 46,3% han sido relativas a fraude en seguridad social, un 22,9% en seguridad y salud, un 19,4% en relaciones laborales, un 6,5% en empleo y extranjería y un 5% por obstrucción a la tarea inspectora. Por sectores, Bassa ha concretado que la Inspecció de Treball ha puesto énfasis durante el 2016 en examinar la actuación laboral de las cadenas de subcontratación en la telefonía móvil, las cooperativas de trabajo asociado en la industria cárnica y las empresas multiservicios.
La ratio de órdenes de servicio en relación al número de infracciones se ha situado en el 19,9%, un 2,2% más que en el 2015. Las demandas externas de actuación han representado el 55,5% de la actividad de la Inspecció de Treball y reciben "prioridad" en la tramitación, según el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Un recurso al TC por políticas activas de empleo
Bassa también ha adelantado que la Generalitat está estudiando presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso por invasión de competencias contra el gobierno español a causa de la inclusión de una partida de más de 305 millones en políticas activas de empleo. La consellera ha recordado que la ejecución de estas políticas corresponde a la Generalitat y que este solapamiento podría repetir la situación de la garantía juvenil, cuando las dos administraciones diseñaron políticas paralelas de inserción laboral de jóvenes en Catalunya con fondos europeos.