La Cámara de Comercio de Barcelona y el grupo de investigación AQR-Lab han presentado hoy el estudio sobre el impacto económico de la ineficiencia del sistema judicial español a través de una comparativa entre países. El estudio estima que las deficiencias en el sistema de ejecución de sentencias judiciales sólo permite recuperar el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Catalunya, y por término medio, el plazo del proceso para recuperar estos importes es de un año y 9 meses.

Desde la Cámara afirman que "ninguna sociedad se puede considerar avanzadilla si sus tasas judiciales a duras penas llegan año tras al al 40%", cosa que es lo que está pasando en España. De hecho, el Estado Español se sitúa como el país con la evolución más negativa en términos de tasa de resolución de ejecuciones, y sólo por delante de Portugal con respecto a la duración del procedimiento de ejecución. Aseguran, pues, que "hay pocas cuestiones en que se esté tanto de acuerdo como en la ineficacia del sistema judicial actual."

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha asegurado que "la agilización de la justicia es una condición necesaria para garantizar la seguridad jurídica y atraer la inversión".

Los principales problemas del sistema

Uno de los principales problemas del sistema es el número de ejecuciones pendientes. Aunque según los últimos datos disponibles, el número de ejecuciones civiles y mercantiles resueltas a Catalunya ha ido en aumento durante los últimos años, han crecido más las ejecuciones ingresadas. Eso se traduce, en datos del 2015, que si no hubiera nuevos ingresos de ejecuciones y suponiendo el mismo ritmo de resoluciones, se tardaría más de 3 años en resolver todas las que hay pendientes.

Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona y AQR-Lab

Las tasas judiciales en Catalunya y en España

En comparación con el conjunto de España, los resultados de las tasas de resolución, pendencia y congestión muestran que Catalunya se encuentra en una situación peor. Esta situación se muestra en los gráficos cedidos por el estudio:

Impacto económico

El estudio estima que la cantidad principal de las ejecuciones pendientes en Catalunya en el 2013 fue de más de 6.580 millones de euros, cosa que supone el 3,4% del PIB de Catalunya, sólo en el ámbito civil y mercantil. De esta cantidad, pasados más de 3 años sólo se había recuperado el 21,8%, por lo tanto todavía quedan para recuperar más de 5.000 millones de euros. Los integrantes del estudio aseguran que "si consiguiéramos aumentar l'index de recuperación hasta el 35%, recuperariem 865 millones de euros y globalmente, por cada millón de euros de más que se recuperara, Catalunya aumentaría su PIB en 350.000 de euros", además de generar 133.006 euros más en rendas fiscales y "se contribuiría a crear o mantener 5 puestos de trabajo a tiempo completo".

Mejoras propuestas

La Cámara asegura que un sistema judicial ineficiente derivará en un menor nivel de inversión, menor tamaño empresarial y menor progreso tecnológico debido a la menor inversión en R+D+i. No sólo eso sino que una falta de protección de los derechos de propiedad en un contexto de inseguridad jurídica "todavía desincentiva más esta inversión". Por último, destaca que un funcionamiento poco eficiente se puede traducir en encarecimiento de los créditos comerciales y financieros por la mayor incertidumbre y los largos periodos de cobro. Es por todos estos motivos que el informe propone ciertas mejoras para hacer el sistema más eficiente.

Por una parte, se considera un "problema" el hecho de que España sea el único país de la UE-27 donde los jueces son los responsables del proceso de ejecución, ya que eso aumenta el tiempo de resolución y provoca gran parte de la ineficiencia, por la falta de personal. Haría falta, pues, "ampliarlo a fin de que los letrados de la administración de justicia pudieran intervenir".

Proponen también "reformar los procedimientos de ejecución con el fin de agilizarlos", mejorando la información que reciben los afectados, establecer un plazo razonable para el proceso y reducir los pasos y la burocracia necesaria para las resoluciones.