El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprobado este miércoles un decreto ley para regular la figura de la vivienda con espacios comunes compartidos, tal como ha informado el Govern en la rueda de prensa de este mediodía. La intención de esta medida sería facilitar la emancipación de los jóvenes, dar respuesta a la movilidad laboral y ofrecer nuevas alternativas a las personas mayores. En este sentido, el Observatori de la Emancipació Juvenil informó a finales de noviembre que la tasa de jóvenes que se han podido independizar es la más baja registrada desde 2001.

El decreto presentado también actualiza los precios de venta y las rentas máximas de las viviendas con protección oficial para garantizar la viabilidad y facilitar la construcción.

Alojamientos con espacios comunes

El decreto regula los alojamientos con espacios comunes complementarios, que según el conseller de Territori, Damià Calvet, tiene una importante demanda social y que permite "nuevas formas de vida" para determinados colectivos, como por ejemplo la gente joven que se quiere emancipar, para los ciudadanos que se tengan que desplazar por motivos laborales o formativos o para las personas mayores.

Aunque la superficie de uso privativo es inferior al resto de tipología de viviendas, el conseller ha asegurado que la suma de esta y de la parte proporcional de los espacios comunes no puede ser inferior a la normativa de habitabilidad.

Las condiciones que tienen que cumplir estas viviendas con espacios comunes son que el espacio privativo tiene que tener una superficie útil interior mínima de 24 metros cuadrados y en los espacios comunes complementarios un mínimo de 6 metros cuadrados por alojamiento. La suma de las dos no puede ser inferior a 36 metros cuadrados. Si se trata de una vivienda completa, la superficie útil interior no puede ser inferior a los 30 metros cuadrados.

Con respecto a los espacios complementarios, tienen que tener una superficie superior a seis metros cuadrados útiles y en un círculo de 2,45 metros cuadrados de diámetro y tienen que garantizar una ventilación e iluminación natural. Además, la superficie mínima del conjunto de espacios que integran la zona de uso común, la sala de estar, comedor, cocina no puede ser inferior a 4 metros cuadrados por persona, con un mínimo de 20 m² por vivienda.

El conseller Calvet ha asegurado que el decreto deja claras las características que tienen que tener estas viviendas y espacios comunes y ha dicho que "en ningún caso" supondrá "precarizar, sino que ampliar las posibilidades de vida" para determinados colectivos en momentos puntuales de sus vidas.

El Govern ha destacado que este Decreto Ley da continuidad a otras medidas aprobadas este año para garantizar el derecho a la vivienda, como son el Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Estas iniciativas buscan fomentar la promoción de vivienda protegida con el fin de incrementar el parque público y también la oferta general de viviendas de alquiler a precios asequibles.

Viviendas de protección oficial

El decreto también actualiza los precios de venta y rentas máximos de las viviendas con protección oficial. Según ha comentado Calvet en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo, los precios no se habían revisado desde el 2008 mientras el coste de construcción ha aumentado un 20% y que eso "obliga" a una actualización.

Calvet ha asegurado que algunas promociones habían quedado "atascadas" y que estos módulos definen los precios de venta y de renta. "Si no se está al día, los privados no se ponen", ha comentado el conseller, que ha defendido que el decreto permitirá construir más viviendas protegidas, tanto desde el ámbito público como privado. El texto, que habrá que convalidar en el Parlament, se ha formulado, ha añadido, después de recoger las aportaciones de los municipios y de promotores y constructores.

El decreto ley incorpora un cuadro con los precios y rentas de las viviendas en función de las zonas geográficas A, B, C y D y que determina el plan para derecho a la vivienda. Los precios y las rentas se actualizarán automáticamente el 1 de enero de cada año, empezando el 1 de enero de 2022, menos las rentas concertadas de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización.

Por último, el alquiler de las viviendas protegidas ya construidas se mantendrá en el precio inicial y únicamente se podrá incrementar de acuerdo con las actualizaciones del IPC.