La Generalitat ha comunicado al consorcio encabezado por Acciona la anulación del contrato de la concesión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), tal como sentenció el Tribunal Supremo, y ha anunciado que creará una nueva entidad de gestión pública del agua que se pondrá en marcha en enero del 2019.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado este jueves que la comunicación de esta anulación "abre la puerta" a iniciar los trámites para poner en marcha la nueva "entidad de derecho público" que prestará el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.

El Govern ha aprovechado la segunda reunión del ejecutivo catalán -la primera ordinaria después de la celebrada justo después de la toma de posesión- para poner en marcha su proyecto para que la empresa Aigües Ter-Llobregat vuelva a tener gestión pública. En febrero de este año, el Supremo desestimó el recurso presentado por la Generalitat y ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declaró nulo el procedimiento de adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.

Acciona calcula que la Generalitat de Catalunya tendrá que reembolsarle 308,3 millones de euros, aunque esta cantidad no incluye daños y perjuicios. De los 308,3 millones, 268,8 millones corresponden al reembolso de la parte no amortizada del canon de la concesión, y 39,5 millones a la devolución de la parte no amortizada de obras, instalaciones y otras inversiones.