Ya se ha cumplido un año del traslado de la sede de CaixaBank en Valencia, justo el día siguiente que el Banco Sabadell se moviera a Alicante y empezara una serie de movimientos de sedes sociales, dando nombre al factor "fuga de sedes". Recientemente, sin embargo, las informaciones sobre presuntas presiones del Estado a las principales entidades para generar pánico han salido a la luz, aunque de momento no ha habido ningún pronunciamiento público por parte de estas. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado hoy en rueda de prensa que "nosotros no comentamos sobre las procedencias de los movimientos de las cuentas de nuestros clientes, no lo hemos hecho nunca y no lo haremos ahora".
En este sentido, pues, Gortázar no ha querido pronunciarse respecto de posibles presiones del Estado, y ha explicado, como ya ha hecho tantas otras veces, que "se tomó una decisión en aquel momento porque se empezaba a sufrir por un descenso de la confianza empresarial", y que esta decisión "fue tomada por unanimidad", asegura.
Preguntado sobre si tienen intenciones de volver a Catalunya, el consejero delegado ha explicado que "nos encontramos en un entorno de absoluta normalidad", pero ha evitado hacer valoraciones políticas respecto de la situación a Catalunya, porque "no me toca a mí hacerlas". Por último, Gortázar ha explicado que desde CaixaBank, "la única cosa que podemos hacer es seguir pidiendo diálogo y llegar a una situación beneficiosa para todos".
Maniobras de Rajoy
Al día siguiente del referéndum, en silencio, el Estado vació masivamente dinero que empresas públicas y administraciones tenían en depósitos en los dos principales banco, el Sabadell y CaixaBank. Según reveló el diario Ahora, las dos entidades sufrieron una fuerte fuga de capitales el 2 de octubre por órdenes políticas. Aquella semana acabaría con el traslado de sus sedes fuera de Catalunya, después de la aprobación del decreto-ley.
Con todo, y según las informaciones que han salido, en el Sabadell la fuga de depósitos fue de unos 12.000 millones de euros. En el caso de CaixaBank, el doble. Un tercio les retiró el Estado a través de sus empresas públicas y administraciones; pero ninguna de las entidades ha explicado públicamente estos hechos.