El Gobierno tiene previsto indemnizar Abertis con 1.291 millones de euros cuando finalice la concesión del tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, una cantidad que impactará en el déficit público del Estado. Así consta en el Plan de Estabilidad que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho llegar en los últimos días a las autoridades europeas.

Este conflicto nace el año 2006 cuando lo entonces ministra de Foment Magdalena Álvarez, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo con el concesionario para que hiciera obras de ampliación de estas vías a cargo del aumento de tráfico estimado y sin repercutir el coste en el precio de los peajes. A cambio, la empresa podía ser compensada si no se alcanzaban el tráfico de vehículos esperado.

La concesión de este tramo de autopista finaliza el próximo 31 de agosto y el actual Gobierno ya dejó claro hace muchos meses que no pensaba alargar los contratos de explotación con Abertis –a través de la filial Acesa- y que estas vías pasarían a ser gestionadas directamente por el Estado. De hecho, hace unos días el Gobierno licitó la conservación y explotación de los tramos catalanes que finalizan la concesión en la AP-7, en más del AP-2 (Saragossa-El Vendrell), que también acaba el 31 de agosto.

Entre las obras de ampliación que se incluyeron en el acuerdo después de constatar el aumento del tráfico en estas vías, estaba la construcción del tercer carril entre Maçanet y Fornells de La Selva y entre Medinyà y la Jonquera; un cuarto carril entre Fornells de la Selva y Sant Gregori; enlaces de Fornells de la Selva, Medinyà y Sant Gregori; y en las comarcas de Tarragona un tercer carril en Vilsaseca/Salou con el enlace con el AP-2.

Abertis reclama 3.000 millones

Según informa a El País este miércoles, Abertis pide hasta cerca de 3.000 euros, casi el triple de los 1.291 millones de euros que el Gobierno acepta pagar, de acuerdo con el documento que ha hecho llegar a Pedro Sánchez a las autoridades europeas. Del total, 890 millones de euros serían para las inversiones hechas para ampliar los carriles de este tramo de la AP-7 y 2.061 millones por la indemnización en el descenso del tráfico. Todo eso, añade el diario, sin contar el descenso de la circulación desde marzo del año pasado a raíz de la pandemia.

Hace cerca de un mes, ya se hizo público que el Gobierno preveía un sistema de pago para uso en las vías de alta capacidad, una medida incluida en el Plan de Recuperación que también se ha remitido a Bruselas. Era la primera vez que el ejecutivo hablaba explícitamente de su intención de "revisar la financiación de las vías de alta capacidad y establecer un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red estatal".